SALINAS RAUL ABEL CESAR C/ CASTRO CARLOS AMERICO S/ DESPIDO
La sentencia de primera instancia reconoce parcialmente la demanda por despido y condena a la parte demandada al pago de indemnizaciones y otros conceptos. Además, declara la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y actualiza el monto de condena mediante el índice RIPTE, estableciendo además el pago de intereses al 6% anual y la entrega de certificación de servicios.
La sentencia analiza la existencia de una relación laboral entre Salinas y Castro desde el 12/02/2016 en tareas de chofer y mantenimiento, demostrada por testimonios y otros elementos probatorios. Se evidencia el incumplimiento del empleador en registrar la relación y en pagar los rubros reclamados, lo que llevó a que el trabajador se colocara en situación de despido mediante telegrama. La resolución destaca que la conducta del empleador, al desconocer el vínculo y negarse a registrar, constituye injuria que justifica la extinción del contrato y la condena a pagar indemnizaciones por despido, preaviso, integración, vacaciones proporcionales, y otros conceptos. El tribunal, además, declara la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), y actualiza el monto de condena por medio del índice RIPTE, considerando la depreciación monetaria, lo que incrementa sustancialmente la suma a pagar. La sentencia también impone la entrega de certificación de servicios y remuneraciones, y condena en costas a la parte demandada. La cuantía total de la condena, incluyendo actualización e intereses, asciende a $30.789.093,10. La resolución fundamenta en el análisis de los hechos probados, la normativa laboral aplicable, y la doctrina legal sobre actualización de créditos laborales en contextos de inflación y depreciación monetaria, en particular el precedente "Barrios" de la SCBA.
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