.................... S/ RECURSO DE CASACION
La Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechaza el recurso de casación interpuesto por la defensa en un proceso por robo agravado con armas, confirmando la condena de cuatro años y la pena accesoria, sustentando que la decisión se basa en prueba legal y motivada.
¿Qué se resolvió en el fallo?
En la causa 135901, Ramiro Emanuel Bustamante fue condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Quilmes a cuatro años de prisión por ser coautor de robo agravado con arma de fuego, aunque la aptitud para disparar no fue acreditada. La defensa interpuso recurso de casación argumentando que la sentencia carecía de motivación y que la valoración de la prueba fue arbitraria, además de que no se habría probado la participación de Bustamante en el hecho. La Sala de la Cámara de Casación analizó los argumentos y la prueba recabada, concluyendo que la sentencia se fundamentó en una valoración lógica y razonada de la prueba, en particular en la declaración de la víctima Lorena Castrogiovanni, quien identificó claramente a Bustamante como partícipe del robo. La Sala resaltó que los agravios de la defensa son de orden subjetivo y que la valoración de las pruebas fue correcta y suficiente. Además, se consideró que la pena impuesta fue proporcional y no arbitraria. Finalmente, rechazó el recurso y confirmó la condena, con costas y regulación de honorarios en el 25% de la suma de la instancia anterior. FUNDAMENTOS: La Sala revisó la fundamentación de la sentencia, destacando que la valoración de la prueba fue adecuada y fundada en elementos probatorios consistentes, como la declaración de la víctima y las probanzas periciales y secuenciales que corroboran la participación del imputado. Se precisó que la existencia de prueba suficiente y la lógica en el razonamiento del tribunal de instancia impiden la configuración de arbitrariedad o motivación aparente. También se señaló que la tesis de la defensa, basada en la duda y en la falta de prueba, no logra desvirtuar la certeza alcanzada por el juzgador. La existencia de una imputación clara y la corroboración mediante distintas pruebas validan la condena, y la valoración de la prueba fue realizada en respeto del principio in dubio pro reo, sin que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. La pena fue considerada proporcional a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del condenado.
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