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PICCOLI GONZALO DAMIAN C/ ECHEGARAY DANIEL FELIX Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

La Cámara de Morón confirmó la constitucionalidad de la ley 13.951 y del decreto 2530/10 en relación a la cuestionada regulación de honorarios en un proceso de daños y perjuicios, y declaró prematura la discusión sobre la aplicación del artículo 505 del Código Civil y Comercial. La decisión se basa en que los planteos de inconstitucionalidad no son admisibles como último remedio del orden jurídico.

Danos y perjuicios Recurso de apelacion Regulacion de honorarios Honorarios profesionales Inconstitucionalidad Constitucionalidad normativa Ley 13.951 Decreto 2530/10 Articulo 1255 del codigo civil y comercial Articulo 730 del codigo civil y comercial

¿Qué se resolvió en el fallo?

Gonzalo Damián Piccoli demanda daños y perjuicios contra Daniel Felix Echegaray y otro. La parte demandada cuestionó la constitucionalidad de la ley 13.951 y del artículo 27 inciso 7 del decreto 2530/10, aplicados en la resolución del 11/04/2023, por considerar que vulneran principios constitucionales. Además, alegó que los honorarios regulados son excesivos, especialmente los del mediador, y que la suma de honorarios de abogados y peritos supera el 25% del monto final del litigio, lo cual consideran violatorio del artículo 505 del Código Civil y Comercial. La Cámara, en línea con fallos previos (Sala II, causa 4786), sostuvo que el planteo de inconstitucionalidad no resulta atendible, ya que constituye el último remedio del orden jurídico y que, en este caso, la normativa en cuestión puede enmendarse mediante regulación de honorarios prevista en el artículo 1255 del Código Civil y Comercial. Además, remarcó que la evaluación de la cuantía de honorarios del mediador y posibles ajustes se realizará en resolución separada. Respecto a la aplicación del artículo 505 (actual 730), indicó que dicha discusión es prematura y que, una vez firmes las regulaciones, corresponderá el prorrateo en instancia de origen. La Cámara confirmó la constitucionalidad de la normativa y declaró prematura la cuestión sobre el artículo 505, desestimando los planteos de inconstitucionalidad.

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