ROMERO JUAN MANUEL Y OTRO/A C/ GARCIANDIA BAUTISTA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

La parte actora, en este caso la citada en garantía, alegó la caducidad de la instancia el 28/5/2024, argumentando que había transcurrido el plazo previsto por el art. 310 inc. 3 del CPCC sin que la contraria impulsara el procedimiento. Tras el traslado realizado mediante cédula el 10/3/2025, la parte actora no evacuó el mismo, por lo que se le dio por perdido el derecho a hacerlo. El tribunal explicó que la caducidad de instancia es una institución de orden público destinada a evitar procesos inactivos y a garantizar la eficiencia jurisdiccional, señalando que "sin perjuicio del principio dispositivo, el proceso civil y comercial no queda librado en su desarrollo a la exclusiva voluntad de las partes, sino que por el contrario, afectándose la función jurisdiccional del Estado, por encima de aquel interés gravita otro más intenso y valioso, público y general, siendo consecuencia de ella la conveniencia de que, ante la inactividad de los justiciables reveladora del abandono, el servicio judicial se desobligue de sus deberes en el caso concreto y se disponga la extinción de ese proceso." La resolución concluye que, en virtud de la inactividad del actor, corresponde hacer lugar a la caducidad, con costas a la parte actora. Además, regula los honorarios profesionales y del mediador, considerando principios de proporcionalidad y justicia en la retribución, en línea con precedentes jurisprudenciales. Se destaca que la regulación de honorarios debe ser adecuada y proporcional a la tarea efectuada, y que los magistrados están facultados a disminuirlos cuando exista desproporción evidente.