CARDENAS, SANDRA RAQUEL C/ ROMERO, EUSEBIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

La actora, S R C, demanda por daños y perjuicios tras sufrir lesiones en un accidente ocurrido en un transporte público en 2008. La sentencia de primera instancia condenó a la empresa transportista y a su aseguradora, Metropol Sociedad de Seguros Mutuos, a pagar una indemnización de $1.584.000, más intereses y costas. La demandada se agravió de la responsabilidad atribuida, cuestionó la relación causal, el porcentaje de incapacidad, los montos indemnizatorios, y la interpretación de la normativa de seguros y actualización monetaria. La actora, por su parte, alegó que las indemnizaciones eran insuficientes y cuestionó la aplicación de ciertos límites de cobertura y tasas de interés. La Cámara, tras analizar las cuestiones procesales y sustanciales, confirmó en gran medida la decisión de primera instancia, modificando aspectos menores en las costas y en la valoración de algunos rubros indemnizatorios, atendiendo a la responsabilidad objetiva del transporte y la responsabilidad de la aseguradora en los términos de la póliza vigente al momento del hecho, y considerando la doctrina legal en relación a la indexación y actualización monetaria en contextos inflacionarios. La Cámara también resolvió que las costas de alzada fueran soportadas por la parte vencida y que las costas de la primera instancia se mantuvieran en el orden causado, en línea con las disposiciones procesales. FUNDAMENTOS: La Sala reafirmó que la responsabilidad del transportista es de naturaleza objetiva, basada en la obligación de seguridad, y que la responsabilidad de la aseguradora se limita a los límites establecidos en la póliza vigente al momento del accidente, en este caso, responsabilidad civil hacia terceros con cobertura hasta $10.000.000. La prueba rendida en autos confirma que la actora era pasajera y sufrió lesiones dentro del vehículo, por lo que se mantiene la presunción de responsabilidad del transportista. Respecto a la responsabilidad de la aseguradora, se analizó la validez y oponibilidad de las cláusulas limitativas y la normativa aplicable, rechazando la impugnación por falta de prueba del límite de cobertura. En cuanto a la cuantificación de las indemnizaciones, se aceptó la relación causal y se ajustaron los montos considerando las lesiones, incapacidad, daño moral y gastos, aplicando los parámetros jurisprudenciales y doctrinales vigentes. La sentencia también abordó la problemática de las tasas de interés y actualización monetaria, concluyendo que no se configura una violación de la constitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, en atención a la realidad inflacion