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VILLALBA ORLANDO C/ PERALTA ESTEBAN ANDRES Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

La sentencia condenó a los demandados por responsabilidad en un accidente de tránsito y fijó la indemnización en $22.867.841,00, con intereses desde el hecho hasta el efectivo pago, rechazando excepciones y confirmando la cuantía.

La causa involucra a Orlando Villalba, quien demanda por daños y perjuicios tras un accidente vial ocurrido el 20/11/2016, en el que fue embestido por una motocicleta conducida por Jonathan Acosta, que a su vez circulaba en exceso de velocidad y violó un semáforo en rojo. La responsabilidad se atribuyó a los conductores, especialmente al que violó la señal luminosa. La sentencia analiza la mecánica del siniestro, las pruebas testimoniales, periciales y documentales, concluyendo que el accidente fue causado por negligencia del conductor de la Honda, y que la responsabilidad del propietario y aseguradora es objetiva por la naturaleza del vehículo. La indemnización se fija en $22.867.841,00, por daños físicos, psíquicos, materiales, gastos y daño moral, actualizada y con intereses desde la fecha del hecho. La sentencia también rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva de la aseguradora, y confirma la condena, con costas a los demandados y a la aseguradora en la medida de su cobertura. Fundamentos principales: El tribunal revisa la mecánica del accidente, destacando que la motocicleta Honda conducida por el codemandado Acosta, circulaba a gran velocidad y violó la señal de semáforo en rojo, embistiendo a la motocicleta del actor que circulaba con la flecha verde. La prueba testimonial y pericial respalda que la responsabilidad recae en los conductores por incumplimiento de normas de tránsito (arts. 44 ley 24.449, arts. 1716 y cctes. del CCCN). La pericia médica revela secuelas en la víctima con incapacidad del 16.98%, y la valoración de daños incluye lesiones físicas, psíquicas, daños materiales y daño moral, en suma de $22.867.841,00, actualizada y con intereses. Asimismo, se desacreditan las defensas basadas en la impago de la póliza y la rebeldía del codemandado, y se rechazan rubros no acreditados, como privación del uso y desvalorización del vehículo. La tasa de interés y actualización monetaria se aplican conforme a la doctrina del tribunal, y las costas se imponen a los demandados y a la aseguradora en su respectiva medida. Se confirma así la responsabilidad de los demandados y la cuantía de la condena, reafirmando la protección del principio de reparación integral y la función resarcitoria del daño.

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