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ARHANCETBEHERE JULIANA C/ TEVEZ EZEQUIEL CARLOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

La sentencia declara la inconstitucionalidad del art. 27 del Decreto 2530/10 y regula los honorarios del mediador prejudicial y de los letrados intervinientes, ajustándose a la normativa vigente y a la jurisprudencia jurisprudencia constitucional, estableciendo los montos en función del monto del acuerdo y mérito de la labor profesional.

Danos y perjuicios Recurso de apelacion Honorarios profesionales Inconstitucionalidad Honorarios de abogados Jurisprudencia constitucional Ley provincial 14.967 Mediador prejudicial Accidentes automovilisticos Honorarios de mediadores

¿Qué se resolvió en el fallo?

La demandante, Juana Arhancetbehere, demanda a Ezequiel Tevez y a "La Segunda" Cooperativa Limitada de Seguros Generales, reclamando daños y perjuicios derivados de un accidente automovilístico. La sentencia del juez Vicente Santos Atela, en base a la normativa vigente y a la jurisprudencia constitucional, declara la inconstitucionalidad del art. 27 del Decreto 2530/10, que regula los honorarios del mediador prejudicial, y regula los honorarios de los profesionales intervinientes, considerando la importancia del asunto, el mérito y la eficacia de las tareas desarrolladas. La decisión se fundamenta en que el sistema regulador de honorarios del mediador viola principios constitucionales y convencionales, ya que no permite una valoración objetiva de la labor y genera disparidades injustificadas respecto a los honorarios de abogados y peritos. Además, se valoró el monto del acuerdo transaccional de $9.000.000 y la labor profesional en función de esto, estableciendo honorarios de $270.000 para la mediadora y cantidades para los abogados, con la correspondiente incorporación de aportes previsionales y IVA. La sentencia también ordena a "La Segunda" cooperativa pagar tasas y contribuciones en el plazo legal. Los fundamentos principales incluyen citas jurisprudenciales y constitucionales, análisis del sistema arancelario y la declaración de inconstitucionalidad por oficio del art. 27 del Decreto 2530/10, ajustando los honorarios a las normas constitucionales y legales aplicables.

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