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CARRERA RUBEN EDGARDO C/ MONITOREO Y VIGILANCIA MEDINILLA S.A Y OTRO/A S/ DESPIDO

La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de nulidad y parcialmente hizo lugar al de inaplicabilidad de ley, revocando la sentencia de grado y remitiendo las actuaciones para un nuevo pronunciamiento. La decisión se basó en errores en la valoración de la prueba y en la interpretación de la normativa laboral y contractual.

Recurso extraordinario Valoracion de la prueba Nulidad Responsabilidad solidaria Despido Ley de contrato de trabajo Responsabilidad laboral Interpretacion juridica Inaplicabilidad de ley Responsabilidad contractual. Arts. 29 y 30

¿Qué se resolvió en el fallo?


- La demanda fue promovida por Rubén Edgardo Carrera contra Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. y Centrales de la Costa Atlántica S.A., reclamando diferencias salariales y indemnizaciones por despido.
- El tribunal de primera instancia rechazó la demanda, concluyendo que la relación laboral existía con la empresa Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. y que no se acreditaba la responsabilidad de Centrales de la Costa Atlántica S.A. como empleadora directa ni la existencia de responsabilidad solidaria.
- La parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, alegando errores en la valoración probatoria y en la interpretación del alcance de los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
- La Suprema Corte, tras analizar los agravios, concluyó que el recurso de nulidad no resultaba procedente por la naturaleza de los errores alegados, que constituyen cuestiones de valoración de la prueba y de interpretación jurídica, no pasibles de revisión en dicho recurso.
- En cuanto al recurso de inaplicabilidad de ley, la Corte aceptó parcialmente el planteo, revocó la sentencia de grado en la parte que rechazó la responsabilidad de Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. y ordenó remitir las actuaciones para que un tribunal de origen dictamine en orden a la responsabilidad contractual y laboral de dicha firma. Los fundamentos principales se basaron en que la valoración de la prueba y la interpretación jurídica del caso fueron insuficientes o incorrectas, y que la normativa aplicable ameritaba un análisis más profundo.
- La Corte señaló además que los errores en la valoración probatoria y en la interpretación normativa constituyen una vía legítima para la revisión en el marco del recurso de inaplicabilidad de ley.
- Finalmente, se impusieron las costas por su orden, en atención al avance parcial de los recursos.

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