ASOCIACION CIVIL PATRIMONIO DE BELGRANO CONTRA GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y OTROS SOBRE INCIDENTE DE APELACION - AMPARO - AMBIENTAL

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, en cuanto ordenó -cautelarmente
- al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe todo avance en el trámite de los expedientes administrativos y de cada decisión adoptada que importe una modificación en el estado de cosas relativo a los permisos, autorización, rechazo o modificación de los proyectos de obra presentados, a fin de que la parte actora y la comunidad interesada cuente con esa información y, que eventualmente, el Tribunal evalúe –a petición de parte– la adecuación a derecho de lo actuado. En tal contexto, cabe recordar que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la competencia jurisdiccional es revisora y no sustitutiva (Fallos: 331:1369, 304:721, entre otros). Por ende, para instar la intervención del Poder Judicial en el marco de una acción contenciosa administrativa, incluso en su etapa cautelar, se precisa que exista una actuación o bien, una omisión frente a un deber legal específico de la Administración. Bajo tales premisas, consideramos que asiste razón al recurrente acerca de su planteo central, sobre el exceso de jurisdicción en que incurrió la Jueza de grado al otorgar las medidas aquí discutidas. Ello, en tanto que, en este estado del proceso y con las constancias acompañadas en el expediente, no se encuentra comprobada la existencia de un acto u omisión de la Administración que en forma actual o inminente afecte con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos a un ambiente sano y a preservar el patrimonio urbano y paisajístico. Conforme surge de los expedientes administrativos y de la presentación efectuada por el Consejo Consultivo de la Comuna, la Administración dio trámite a los pedidos de obra presentados, de conformidad con el procedimiento establecido en el Código del Planeamiento Urbano, sin que surja, a primera vista, de tales instrumentos irregularidad alguna en su actuar. Asimismo, cabe resaltar que no se probó que el demandado se expidiera de manera favorable acerca del proyecto inmobiliario, en tanto se limitó a estudiar técnicamente las peticiones formuladas.