GUAJARDO JUAN CARLOS Y OTROS c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

Impugnar el Decreto 586/19 y la Resolución 607/19 que redujeron el porcentaje del Suplemento por Antigüedad de Servicio del 2% al 0,5% del haber mensual por cada año de servicio.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda. Consideró que las decisiones sobre política salarial de las fuerzas de seguridad son facultad del Poder Ejecutivo y no pueden ser revisadas judicialmente, salvo que se acredite ilegitimidad. En este caso, no se probó perjuicio a los actores dado que hubo una mejora sustancial de los haberes en septiembre de 2019. Párrafos relevantes: "En atención al marco normativo y dispositivo señalado, corresponde advertir que -como regla general
- no se puede sostener la ultraactividad de una norma abrogada; la derogación de un decreto posterior del mismo rango no violenta el principio de prelación de las leyes, y las decisiones de política salarial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se encuentran dentro de las facultades reconocidas al Poder Ejecutivo." "Debemos señalar que, si bien no se le escapa a este Tribunal que las decisiones en política salarial de las fuerzas armadas y de seguridad son resorte exclusivo del poder legislativo y/o ejecutivo, sin perjuicio de ello, cabe señalar que mediante la nueva estructura salarial del Servicio Penitenciario Federal, trajo como consecuencia una sustancial mejora en los haberes correspondientes a Septiembre del 2019, cuestión que me lleva a confirmar la sentencia toda vez que no encuentro acreditado el perjuicio sufrido que les ocasiona a los coactores de la causa."