SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA c/ CORDOBA, OMAR RUBEN-RESOL 705/23 s/PROCESO DE EJECUCION
El Estado Nacional apeló la sentencia que declaró la incompetencia del juzgado contencioso administrativo para conocer en la ejecución de una multa. La Cámara declaró mal concedido el recurso por no alcanzar el monto mínimo de apelabilidad.
¿Qué se resolvió en el fallo?
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) promovió ejecución fiscal contra Omar Rubén Córdoba por el cobro de una multa de $80.000 por infracciones. El juez de primera instancia se declaró incompetente, considerando que era materia de los juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias. El Estado Nacional apeló, alegando que la multa no podía ser considerada un tributo y que correspondía la competencia del juzgado contencioso administrativo. La Cámara analizó que el monto de la multa ($80.000) no alcanzaba el mínimo de $2.100.000 para ser apelable, por lo que declaró mal concedido el recurso. La Cámara consideró que, conforme a la Acordada CSJN N° 10/2024, las resoluciones en procesos con montos inferiores a dicho mínimo son inapelables.
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