ARANDA CONSTANTINO C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ AMPARO

Quién demanda: Constantino Aranda, persona mayor de edad que requiere renovar su licencia de conducir.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de La Plata y Provincia de Buenos Aires (Centro Administrativo Municipal
- CAM).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se renueve la licencia de conducir por un año, eliminando el requisito de "libre deuda" de infracciones de tránsito que le impedía realizar el trámite. El actor denunció que existe una infracción de tránsito registrada a nombre de su vehículo (dominio KTC-210, de la Provincia de Entre Ríos) en el sistema municipal, bloqueando automáticamente su solicitud.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 10, inciso 3 del Anexo II del Decreto Provincial 532/2009 que condicionaba la obtención de la licencia de conducir al libre deuda de infracciones de tránsito. Se hizo lugar a la acción de amparo, ordenando a la Municipalidad de La Plata y a la Provincia de Buenos Aires continuar con el trámite de renovación dentro de cinco días sin requerir la previa obtención del "libre deuda". Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal sostuvo que la vía del amparo era admisible para cuestionar la norma reglamentaria. En primer lugar, se confirmó la veracidad de los hechos alegados por el actor, siendo la propia demandada quien informó el bloqueo del trámite por la infracción de tránsito. Respecto a la constitucionalidad de la norma, el Tribunal expresó: "En relación a la constitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del Decreto N° 532/09 de ejecución de la ley provincial 13.927, cabe adelantar que el mismo trasunta un exceso reglamentario al establecer una exigencia imprevista en la preceptiva legal, trasvasando así el principio de supremacía jurídica (arts. 31 y 99 inc. 2 CN y arts. 57 y 144 inc. 2, CP)." El Tribunal continuó: "El mismo condiciona el trámite de la obtención de una licencia de conducir al libre deuda de infracciones de tránsito, sin que dicho recaudo se ajuste a la finalidad esgrimida en la ley (esto es, la seguridad vial y la aptitud para conducir), quebrándose así, la proporción, que ha de guardar una restricción con el propósito que la justifique y el espíritu que la informe, incurriendo en desvío por irrazonabilidad (art. 28 CN)." El Tribunal enfatizó que "la imposición reglamentaria no sólo desborda las fronteras de la ley, a cuya ejecución está destinada, sino que avanza generando una inhabilitación no redimible, hasta tanto, se supere el obstáculo de pendencia de infracciones de tránsito y por conducto de una situación, que en nada se vincula, con las exigencias de aptitud y capacidad para conducir automóviles. Ninguna incidencia registra esa circunstancia sobre éstas." Finalmente, sostuvo: "Por otra parte, el requisito patrimonial impuesto por la normativa reglamentaria, procura el cobro de acreencias y en este sentido, no es posible pasar por alto que el Estado cuenta con los mecanismos legales necesarios para exigir, perseguir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito (tal como lo afirma el amparista) mediante la promoción de las acciones judicales enderezadas a tal finalidad que, respetando la garantía del debido proceso, le permiten en forma rápida y expedita (por ejemplo, el juicio de apremio) procurar el cobro de las acreencias originadas en las faltas a las normas de tránsito." Se impusieron costas a las demandadas conforme al principio objetivo de la derrota.