MERCURI ERICA SOLEDAD C/ SUBIZA RICARDO WENCESLAO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

Quién demanda: Erica Soledad Mercuri

¿A quién se demanda?

Ricardo Wenceslao Subiza (fallecido el 11/9/2007, condenada su sucesión) y Esther Irina Katz

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reparación de daños y perjuicios derivados de la deficiente actuación profesional de los abogados demandados en el expediente "Mercuri, Erica Soledad c/ Genovese, Hernán s/ Daños y Perjuicios" Exp. 18004/2001, tramitado ante Juzgado Nacional en lo Civil N° 53 de Buenos Aires, que concluyó por caducidad de instancia el 23/9/2004.

¿Qué se resolvió?

La Cámara modificó la sentencia de primera instancia (que había condenado solidariamente a ambos abogados al pago de $12.000.000 más intereses):
- Redujo el monto indemnizatorio por pérdida de chance de $12.000.000 a $8.000.000
- Distribuyó la responsabilidad: Dr. Subiza responde por el 100% de los daños (a través de su sucesión); Dra. Katz responde por el 20% restante
- Mantuvo la suma de $2.000.000 por daño moral
- Rechazó el recurso de la actora que solicitaba aumentar los montos
- Las costas de primera instancia se distribuyen entre los demandados según su responsabilidad; las costas de alzada en orden causado Fundamentos principales de la decisión: Sobre la legitimación pasiva de la Dra. Katz: La Cámara confirmó el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, estableciendo que "el mandante tiene acción directa contra el sustituido" conforme arts. 1926 del Código Civil, aun cuando no exista vínculo contractual directo. El fallo precisó: "Es decir, que el mandante tiene una acción directa contra el sustituto, aun cuando no exista vínculo contractual directo; lo que impone ab initio confirmar el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Dra. Katz." Sobre la responsabilidad y distribución de culpabilidad: La Cámara analizó en detalle la posición de cada profesional. Respecto de la Dra. Katz, sostuvo: "la circunstancia de que la Dra. Katz haya acreditado haber recibido instrucciones del Dr. Subiza de no apelar la resolución que decretó la caducidad constituye un dato de particular relevancia." La abogada acompañó notas del Dr. Subiza expresando: "Dra. Katz NO APELE MERCURI. ESTAMOS NEGOCIANDO. ES MI RESPONSABILIDAD. LE EXPLICARÉ TELEFÓNICAMENTE." Sin embargo, la Cámara concluyó que "la dirección general y la estrategia jurídica del caso se encontraban principalmente a cargo del Dr. Subiza" y que "la omisión de apelar del decreto de caducidad constituyó la causa adecuada del daño que actualmente reclaman los actores. Y esa omisión debe ser atribuida en forma exclusiva al Dr. Subiza, quien impartió la instrucción expresa de no recurrir, asumiendo además la responsabilidad por esa decisión." En consecuencia: "Así las cosas, entiendo que la omisión de apelar contribuyó en un 80% a la configuración del daño. En consecuencia, la responsabilidad de la Dra. Katz debe reducirse al 20% restante, pues, aunque recibió una instrucción expresa de no apelar, no puede perderse de vista que, como abogada matriculada y profesional autónoma, conservaba el deber de adoptar las medidas procesales necesarias para evitar la caducidad o, al menos, dejar debidamente resguardada su actuación profesional." Sobre la cuantificación de la pérdida de chance: La Cámara revalorizó la probabilidad de éxito del juicio originario, considerando que existían factores de incertidumbre significativos que no había ponderado suficientemente el juez de grado. Sostuvo: "la aseguradora había opuesto una defensa de exclusión de cobertura en razón de la relación de convivencia habida entre las partes... las posibilidades reales de cobro frente al demandado, eran considerablemente reducidas. A su vez, en lo relativo a la interpretación de las cláusulas de exclusión de cobertura, estimo que existía un margen equivalente de probabilidad: tanto para que la defensa prosperara como para que fuera desestimada. De este modo, y a efectos de analizar la cuantificación de los daños, estimo prudente considerar que las posibilidades de hacer efectiva la sentencia favorable, era de un 50%." Respecto del porcentaje de incapacidad, rechazó la pretensión de la actora de aplicar baremos de la Ley de Riesgos del Trabajo: "la recurrente pretende que dicho porcentaje sea valorado a partir de baremos ajenos al fuero civil, sin hacerse cargo de que la incapacidad resarcible debe apreciarse en función de su concreta incidencia en la vida de la víctima y no como una mera operación aritmética o tarifada." Además destacó que "conforme surge de la pericia psicológica presentada el 24/5/2025, la actora se desempeña como enfermera desde el año 2009 -y continuaba haciéndolo a la fecha del dictamen
- en la Clínica del Carmen de la ciudad de Zárate. Tal circunstancia modula el porcentaje informado, en tanto no se advierte que las secuelas invocadas hayan producido una afectación efectiva de la magnitud pretendida." Sobre el daño moral: La Cámara confirmó el monto de $2.000.000 reconocido en primera instancia, considerando que "el daño moral que causó al demandante la conducta del letrado que dejó perimir la instancia" es "independiente de la pérdida de chance" y constituye "un perjuicio extrapatrimonial por el mero hecho de que el proceso se vio truncado abruptamente por culpa del emplazado, lo que le impidió llegar a una sentencia que resolviera su reclamo conforme a derecho." Sobre los intereses: La Cámara rechazó los agravios sobre el cómputo de intereses, sosteniendo que "la sentencia sigue en materia de intereses la doctrina sentada por la SCBA en los precedentes de las causas C. 121.134 y C. 120.536 [Nidera y Vera], que disponen la aplicación de una tasa pura cuando la cuantificación del daño se haya realizado a valores actuales."