MORAN GUSTAVO ALEJANDRO C/ PONCE PATRICIA ALEJANDRA S/DESPIDO

Quién demanda: Gustavo Alejandro Morán (chofer de transporte escolar)

¿A quién se demanda?

Patricia Alejandra Ponce (empleadora que explotaba empresa de transporte de combis escolares)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

El actor interpone demanda por despido sin justa causa, solicitando indemnizaciones conforme la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), Ley 24.013 de Empleo, Ley 25.323 y certificados de trabajo. La demandada argumentó que el vínculo fue una locación de servicios comercial, no un contrato de trabajo.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar a la demanda en forma parcial, condenando a la demandada al pago total de $18.796.647, incluyendo actualización monetaria conforme ley 27.802. Se rechazaron los planteos de inconstitucionalidad presentados contra los artículos 55 y 57 de la ley 27.802. Fundamentos principales: "Conforme los términos de la contestación de demanda, la forma en que se estableció la litis, el informe del Correo Argentino de fs. 80 y en especial, habiendo realizado la accionada un desconocimiento genérico de la documental aportada por la actora (fs. 56), incumpliendo así con lo normado por el art. 34 ley 15057 y 354 inc. 1ero CPCC, tengo por reconocido: a) Que la demandada explota una empresa de transporte de combis escolares. b) Que el accionante prestó servicios para PONCE PATRICIA ALEJANDRA. c) Que se le reconocía al accionante una suma de Pesos por la labor encomendada (conforme misiva de fs. 7 remitida por la Sra. Ponce). d) Que en fecha 26/10/2011 el actor se dió por despedido e intimó a que se le abonen las indemnizaciones de ley." "Considerando que el vínculo habido entre las partes reunió las notas de subordinación económica, jurídica y técnica que caracterizan a la relación laboral, conclusión arribada de igual manera, por el reconocimiento de la accionada de pagos de sus servicios (ver cartular de fs. 7, segundo párrafo), que hace a la onerosidad de la prestación de servicio, como lo señala el Dr. Justo Lopez, 'Debe mediar un ingreso o beneficio que se incorpore al patromonio del trabajador y la prestación debe haber sido otorgada en el marco del contrato como contrapartida de la labor cumplida o prometida por el dependiente'. Al respecto cabe recordar el principio rector de 'Primacía de la realidad' que rige en la materia, el cual establece que 'El contrato de trabajo está caracterizado por la ley y atrae hacia sí la aplicación del orden protectorio laboral (derecho de mínima) y la existencia de un tipo imperativo legal excluye la posibilidad de que se le pueda asignar relevancia a las declaraciones de las partes relativas a la calificación del contrato (artículos 14 y 21, L.C.T.). De tal modo cualquiera haya sido la conducta de las partes -concierto fraudulento o simplemente calificación errónea por desconocimiento, ligereza o ignorancia
- el contrato será laboral si concurren las notas que lo configuran." "Negada en la contestación de demanda la relación pero admitida la prestación de servicios, alegando que lo fue por causas extralaborales, corresponde a la accionada acreditar que los servicios no se prestaron en razón de un contrato de trabajo. De no hacerlo así, y a la luz de lo normado por el artículo 23 de la L.C.T., resulta razonable sostener la existencia de un vínculo laboral subordinado entre las partes." (SCJBA "Chico Carlos Alberto c/ Autoservicio Estrada y otros s/ Salarios, Etc, Sentencia del 28-V-1991) Respecto de la actualización monetaria conforme ley 27.802: "La actualización monetaria, ahora retomada por el nuevo texto del art. 276 LCT (según reforma introducida por el art. 55 de la Ley 27.802), no genera una mayor onerosidad para el deudor, sino que simplemente mantiene la deuda a un valor constante. Como ha sostenido la CSJN en el precedente 'Camusso' y más recientemente en 'García c/ YPF', la indexación no hace la obligación más gravosa de lo que era en su origen, sino que solo busca mitigar la degradación del signo monetario. Así, el mecanismo de ajuste previsto en la Ley 27.802 -con el tope del IPC más el 3%
- se presenta como una pauta de equidad que evita el enriquecimiento sin causa de la demandada y protege la integridad del crédito alimentario del trabajador, conforme el principio de progresividad y el estándar de protección especial del art. 14 bis de la Constitución Nacional."