ARAMAYO, MARTIN ALEJANDRO C/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSIÓN ANULATORIA - OTROS JUICIOS

Quién demanda: Martín Alejandro Aramayo, ex agente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La nulidad de la Resolución Administrativa nº 2019/1451-GEDEBA-MSGP, que dejó establecido que de una incapacidad total del 68%, solo el 51% era imputable al servicio y el 17% restante (correspondiente a trastorno de la personalidad F60.9) era ajeno al mismo. Consecuentemente, solicitaba se determinara que la totalidad de la incapacidad (68%) era imputable al acto de servicio y se ordenara el pago del subsidio previsto en el artículo 47 de la Ley 13.982 con intereses moratorios. Antecedentes de hecho: El actor ingresó como efectivo en el Ministerio de Seguridad el 27 de abril de 2010 en perfecto estado de salud. Sufrió un accidente el 25 de noviembre de 2010 que le ocasionó una minusvalía superior al 66%. Por Resolución 076/16 se dispuso su baja obligatoria por incapacidad física. La Junta Superior de Reconocimientos Médicos estableció una incapacidad total y permanente del 68%, pero consideró que solo el 51% era atribuible al servicio, mientras que el 17% restante (trastorno de la personalidad) era ajeno al mismo.

¿Qué se resolvió?

El tribunal desestimó la pretensión anulatoria, rechazando la demanda de Aramayo. Fundamentos principales de la decisión: "Para obtener en la vía contencioso administrativa la nulidad de los dictámenes médicos realizados en sede administrativa —y que dan fundamento a la denegatoria del beneficio— es necesario ofrecer y aportar prueba idónea para demostrar el error científico alegado y determinar la incapacidad que sustenta su pretensión." La pericia psicológica presentada por el actor (dictamen de la Lic. Chiarizia Natalia Soledad de fecha 27-IV-2024) lejos de conmover lo establecido en sede administrativa, refrendó lo allí dicho, destacando que "los rasgos de personalidad afectan a la forma en que las personas entienden y se relacionan con el mundo que las rodea, y la forma en que se ven a sí mismas. La personalidad se forma a una edad temprana, por ende, si nuestra peritada padece de dicho trastorno su origen es de edad temprana (primera infancia y adolescencia), porque responde a cómo se estructuró su psiquis, y por ende es previo al litis en cuestión y a su curso por La Policía". La experta resaltó que "el trastorno de personalidad no deriva de los hechos ocurridos en el acto de servicio sufrido el 25 de noviembre de 2010". El tribunal concluyó: "Consecuentemente, resultan inhábiles los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar las conclusiones a las que arribaron los dictámenes médicos que dieron lugar a la resolución que se cuestiona en cuanto consideraron que la incapacidad atribuible al servicio es inferior al grado previsto legalmente para acceder al beneficio peticionado." Asimismo enfatizó que "el porcentaje de incapacidad que se cuestiona fue determinado por la Junta Superior de Reconocimientos Médicos, en el carácter de 'subsecretaría con competencia en materia sanitaria' de conformidad con lo exigido por los arts. 144 y 147 del decreto n° 1.050/09". Finalmente señaló: "En ausencia de otra iniciativa procesal, no se avizora prueba que evidencie el error que el demandante atribuye a la Junta Médica. La posición sustentada para descalificarlas, cede paso ante la falta de elementos de convicción en la causa."