SAGULA MARTA BEATRIZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES. // INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Sagula Marta Beatriz, empleada pública de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

El reconocimiento del derecho a que se liquide su remuneración aplicando un 3% de bonificación por antigüedad respecto de la totalidad de años de servicios prestados. La demandante impugna la constitucionalidad de las leyes y decretos que redujeron o eliminaron este porcentaje entre 1996 y 2006, solicitando además el reconocimiento retroactivo de las sumas no prescriptas, con intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho de la actora a percibir la bonificación por antigüedad al 3% para todos los años de servicio. Declaró inconstitucionales las leyes 11.739, 11.905 y sus similares, así como el decreto 240/96, en tanto implicaron una disminución salarial que vulnera derechos constitucionales. Condenó al Instituto a abonar las diferencias salariales con valores actuales calculados al momento de la liquidación, más intereses al 6% anual desde el devengamiento hasta la actualización, y posteriormente la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a 30 días. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal comenzó estableciendo que las modificaciones legislativas cuestionadas implicaban una disminución salarial efectiva, no meramente una modificación prospectiva sin afectación de haberes devengados, como sostenía la defensa. Ello surgía de la propia contradicción del Estado al argumentar la intangibilidad patrimonial como razón para la igualdad, mientras que los magistrados fueron expresamente exceptuados de tales medidas por garantías constitucionales de intangibilidad de remuneraciones. El Tribunal señaló: "Así, cualquiera sea la denominación con la que se haga referencia a las medidas en cuestión, lo cierto es que en los hechos ellas implicaron una reducción de haberes, razón por la cual se excluyó a los jueces y cargos asimilables." Respecto de los requisitos para una reducción salarial válida, el Tribunal aplicó el standard establecido por la Corte Suprema Nacional en fallos como "Guida" y "Müller", conforme al cual: "el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria". El Tribunal concluyó que en el caso de autos faltaban al menos dos condiciones: no hubo una situación excepcional de emergencia declarada formalmente y, fundamentalmente, las medidas no fueron temporarias sino que se mantuvieron durante nueve años hasta la actualidad, superando todo límite razonable de transitoriedad. El Tribunal enfatizó la especial protección constitucional derivada del principio de progresividad en materia laboral, consagrado en el artículo 39, inciso 3° de la Constitución Provincial: "Así, la progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como 'principio de no regresividad'." Citando jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional sobre el PIDESC, el Tribunal determinó que "el principio de progresividad impone que todas las medidas estatales de carácter deliberadamente 'regresivo' en materia de derechos humanos requieran la consideración 'más cuidadosa', y deban 'justificarse plenamente'". Concluyó: "Por lo tanto, si se había llegado en 1995 a que se bonifique la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso en aquello que fuera conquistado, incompatible con la cláusula constitucional citada." Respecto de la prescripción, el Tribunal rechazó la defensa de prescripción total arguida por la demandada, considerando que se trataba de un hecho continuado en el tiempo donde el plazo se renueva periódicamente desde que cada crédito resulta exigible a partir de cada período mensual liquidado en menos. Para la prescripción parcial, aplicó la doctrina legal establecida por la Suprema Corte de Buenos Aires en la causa "Ledesma" y el nuevo Código Civil y Comercial, determinando que el plazo de prescripción aplicable era de dos años contado desde la interposición de la demanda o reclamo administrativo. El Tribunal también rechazó la aplicación del precedente "Álvarez" de la Suprema Corte de Buenos Aires, aclarando que en ese caso el tribunal primero verificó la ausencia de vulneración constitucional antes de ingresar en el análisis de la medida, situación radicalmente diferente a la presente causa donde se configuraba incompatibilidad constitucional clara. Finalmente, determinó que el Instituto de Previsión Social era la parte legitimada para ser demandada y que la condena no podría extenderse a la Administración Central, siendo un organismo autárquico diferenciado.