SANCHEZ CLAUDIA ALEJANDRA C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA

Quién demanda: Claudia Alejandra Sánchez, ex agente municipal.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de San Isidro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por la limitación de designación como agente de planta temporaria ocurrida el 1/2/2020, luego de casi 23 años de prestación ininterrumpida de servicios (desde el 14/2/1997) como profesora de folklore en el marco del programa "El Municipio Va a la Escuela Pública". La actora sostuvo que el municipio utilizó designaciones sucesivas temporarias para encubrir una relación de tiempo indeterminado, incurriendo en desvío de poder. Reclamó además vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario, multas laborales y daño moral.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda. Condenó a la Municipalidad a:
- Pagar indemnización calculada analógicamente conforme al artículo 30 inciso b) de la Ley 10.430, sin tope, por el período 14/2/1997 a 31/1/2020, tomando como base el sueldo neto actual al momento del cese, más intereses.
- Abonar la licencia anual proporcional no gozada correspondiente al año 2020 y el sueldo anual complementario sobre dichas vacaciones.
- Rechazó los rubros relativos a sustitutiva de preaviso, integración de mes de despido, multas de las Leyes 20.744 y 25.323, el sueldo anual complementario proporcional (ya abonado) y daño moral. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal precisó que aunque ambas partes reconocían la calidad de agente temporaria de la actora, correspondía analizar la legitimidad y razonabilidad del comportamiento administrativo conforme al principio de primacía de la realidad establecido en la Ley 14.656. Al respecto, expresó: "En la especie, la Sra. Sanchez mantuvo ininterrumpidamente una relación de empleo público con la demandada en carácter de agente temporaria, prestando servicios que hacen a la satisfacción de cometidos permanentes a cargo la Comuna por un lapso de casi 23 años. Sin embargo, desde mi perspectiva, y a la luz del principio de la primacía de realidad (recogido en el art. 1 de la Ley 14.656), la relación que unió a las partes se destinó a cubrir necesidades que difícilmente pueden catalogarse como transitorias, estacionales o temporales." El Tribunal reconoció que la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires "no exime al juzgador de analizar -en cada caso concreto
- la legitimidad y razonabilidad del comportamiento estatal que se denuncia, ni configura obstáculo a fin de determinar si las modalidades de contratación empleadas en cada supuesto se ajustan a la realidad del vínculo que surja del expediente." Citó extensamente los precedentes de la CSJN en "Ramos" (Fallos 333:311) y "Sánchez" (Fallos 333:335), sosteniendo que: "la conducta asumida por la Administración pugna con la normativa constitucional, cuyo principio protectorio comprende al trabajo 'en sus diversas formas', incluyendo al que se desarrolla tanto en el ámbito privado como en el público y reconoce derechos 'inviolables' del trabajador." El Tribunal enfatizó que "la duración del vínculo habido entre las partes (en línea con el pronunciamiento de la CSJN recaído en el fallo 'Suvajdzic'), estructurado en la irregularidad de sucesivas designaciones de la agente, sumado a la naturaleza de las tareas realizadas por la Sra. Sanchez durante dicho período y demás circunstancias apuntadas, no se condicen con la índole temporal o no permanente formalmente asignada a este tipo de empleos." Respecto de la argumentación municipal sobre la finalización del programa "El Municipio va a la Escuela Pública", concluyó: "tampoco resulta atendible, en tanto el convenio al cual se refiere la demandada no fue acompañado ni acreditado en autos." Sobre la indemnización, sostuvo: "en base a la doctrina de los fallos de la CSJN y de la SCBA citados precedentemente... corresponde condenar a la demandada a abonar a la actora, la suma equivalente al resarcimiento previsto en el art. 30 inciso b) de la Ley 10.430 sin el tope allí fijado, computando, a tal efecto, el período entre la designación del accionante (vgr. 14/2/1997) y la fecha de finalización del vínculo laboral (31/1/2020)." En cuanto al rechazo del daño moral, expresó: "la actora no ha producido prueba alguna conducente a los efectos de acreditar la existencia o magnitud del daño moral que aduce... En tales condiciones, cabe concluir que, con los elementos arrimados y producidos en la causa, no se ha logrado acreditar la existencia del agravio moral que se denuncia." Respecto a los rubros laborales (preaviso, integración mes de despido, multas), aclaró: "su improcedencia se impone por cuanto el art. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo excluye de su ámbito de aplicación, por principio, las relaciones de empleo público."