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TMA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos GCR sobre 149 bis - amenazas

Recurso de inconstitucionalidad denegado contra sentencia que confirmó parcialmente la condena de un imputado por delitos de amenazas y tenencia de armas, anulando el procesamiento por abuso sexual y reduciendo la pena a cuatro años. El tribunal rechazó por inadmisibilidad la configuración de cuesti

Recurso de inconstitucionalidad Cuestion constitucional Anulacion de condena Ampliacion de imputacion Debido proceso Derecho de defensa Violencia de genero Revictimizacion Principio de congruencia Medida de pena

Actor: Defensa de CRG; Fiscalía de Cámara Especializada; Parte querellante Demandado: Sala I de la Cámara que confirmó parcialmente la condena Objeto: Recurso de inconstitucionalidad contra decisión que: (i) confirmó cinco condenas por amenazas simples, agravadas y tenencia de armas; (ii) anuló la condena por abuso sexual; (iii) redujo pena de 12 a 4 años de prisión Decisión: SE RECHAZA (declaración de inadmisibilidad de los recursos de inconstitucionalidad)

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara declaró inadmisibles los recursos porque ninguno de los recurrentes había planteado una cuestión constitucional. La defensa cuestionó principalmente la valoración de prueba respecto de cuatro hechos, solicitando absolución o aplicación de mínimos; la fiscalía y querellante impugnaron la anulación de la condena por abuso sexual, argumentando violación del derecho de la víctima al juzgamiento rápido y oportuno conforme arts. 8 y 25 CADH y Convención de Belem do Pará, así como afectación de garantías convencionales en materia de violencia contra la mujer. La Sala I había fundado la anulación en que el sexto hecho no integraba el requerimiento inicial, surgió en debate y su ampliación vulneró el principio de congruencia, debido proceso y derecho de defensa, alegando deficiencia de plazo para preparación defensiva. El Fiscal General Adjunto opinó que los recursos eran procedentes y que existía cuestión constitucional relativa a compromisos internacionales del Estado en violencia de género, destacando que la defensa contó con oportunidad suficiente para oponer agravio (solicitó informes, ofreció testimonios, se opuso a prueba) sin objetar procedimientos ni plazos en su momento.

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