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El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación en ejercicio de facultades delegadas previstas en el artículo 755 del Código Aduanero.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Se analiza un recurso de apelación interpuesto contra resoluciones de la Aduana de Bahía Blanca que denegaron la devolución de derechos de exportación abonados en diversas operaciones documentadas en permisos de embarque de 2018. La controversia gira en torno a la constitucionalidad del Decreto 793/2018, mediante el cual el Poder Ejecutivo estableció y modificó las alícuotas de derechos de exportación, cuestionando si dicha norma vulneró el principio de legalidad tributaria y la garantía de la propiedad privada al carecer de aprobación legislativa previa. También se discuten aspectos relacionados con la legitimación activa para solicitar la repetición, la incidencia o traslación del tributo al precio de la mercadería exportada y el alcance y efectos de la ratificación legislativa posterior por parte del Congreso mediante la Ley 27.467 y otras disposiciones. El Tribunal examinó criterios jurisprudenciales relevantes, reglas de interpretación normativa, delegación legislativa, el régimen aplicable al control de constitucionalidad por este órgano, y la aplicación de precedentes y doctrinas sobre la validez de los decretos delegados y su vigencia desde su publicación hasta su eventual rechazo o aprobación posterior por la autoridad legislativa.
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