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¿Qué se resolvió en el fallo?

Se analizó en autos si la documentación aportada era suficiente para acreditar que una mercadería importada desde Ecuador, que transitó y sufrió transbordo en República Dominicana sin ingresar a su mercado, cumplía con el requisito de expediente directo para acceder a la preferencia arancelaria establecida por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) número 59. La controversia se centró en la interpretación y exigencias formales establecidas en la Nota Externa 22/2009 respecto a la legalización consular de las constancias de tránsito y transbordo emitidas por la autoridad aduanera de un país tercero y no participante en el acuerdo. Se discutió la validez del apostillado conforme la Convención de La Haya y su relación con la necesaria legalización consular, además de la interpretación de la expedición directa según normativa ALADI y su aplicación a un hecho fáctico que involucraba un trayecto con tránsito y transbordo no destinado al comercio en país tercero. El Tribunal examinó estándares internacionales y nacionales, normativa aduanera, criterios administrativos y jurisprudencia para determinar el alcance formal y sustantivo de las pruebas del origen y expedición directa, considerando además la jerarquía normativa entre normas internacionales y disposiciones administrativas.