COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA GANADERA SA
El principio constitucional de legalidad tributaria exige que las cargas fiscales y sus limitaciones estén establecidas en ley, no pudiendo ser ampliadas o restringidas por reglamentos.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Se analizó la apelación contra resoluciones que determinaron de oficio obligaciones fiscales en materia de Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado para los períodos 2019 a 2022, con aplicación de multas y sanciones. La controversia central radicó en la exclusión de ciertos ajustes vinculados a facturas apócrifas del beneficio liberatorio previsto en la Ley 27.743, cuestionando la validez de una restricción establecida por un decreto reglamentario y su compatibilidad con el principio constitucional de legalidad tributaria. Se examinaron aspectos relativos a la interpretación de la norma legal frente al decreto reglamentario, la competencia del Tribunal para evaluar la inaplicabilidad de reglamentos, la carga de la prueba respecto a la veracidad de operaciones comerciales y los indicios que respaldan la determinación fiscal sobre la inexistencia de dichas operaciones. El Tribunal evaluó los fundamentos de derecho constitucional y tributario que sustentan la exclusión o inclusión de ciertos gastos o créditos fiscales en el régimen de regularización y las pruebas aportadas para acreditar la legitimidad de las operaciones.
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