BUSTAMANTE LEANDRO GABRIEL C/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCIÓN ESPECIAL.-

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Leandro Gabriel Bustamante, demandó a Experta ART SA por accidente laboral ocurrido el 26/06/2022, reclamando la indemnización por incapacidad física permanente. La sentencia de primera instancia reconoció la existencia del accidente, la relación de dependencia con LWS Argentina SA, y la asegurabilidad de la demandada, además de determinar una incapacidad del 2,16% sobre la total obrera, calculada en $321.075,45. El tribunal consideró que la ley 24.557 y el decreto 669/19, que limitaban la cuantía y la actualización de las indemnizaciones, eran inconstitucionales, por lo que declaró su inconstitucionalidad en forma abstracta. También rechazó los planteos de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 26.773, y confirmó la procedencia de la acción y la condena. La valoración de las pruebas, incluyendo pericias médicas y contables, fue exhaustiva y respaldó la cuantificación de la incapacidad y el monto indemnizatorio. La sentencia además dispuso la actualización de la suma desde el 29/06/2022, con intereses a tasa activa del Banco Nación, y las costas en favor de la parte demandada. La apelación fue presentada por la parte demandada, y la Cámara confirmó en todos sus términos la decisión de primera instancia, incluyendo la declaración de inconstitucionalidad del artículo 8 de la ley 24.557 y el decreto 669/19. FUNDAMENTOS PRINCIPALES: "El tribunal, en virtud de los fundamentos expuestos, concluye que las disposiciones que limitan y actualizan las indemnizaciones por accidentología laboral mediante normativas que delegan funciones en órganos administrativos sin garantías de control judicial, vulneran principios constitucionales y tratados internacionales de rango constitucional. La ley 24.557, en particular, en su artículo 8, y el decreto 669/19, que modifican el cálculo y actualización de las indemnizaciones, resultan inconstitucionales en tanto afectan derechos constitucionales como la igualdad, la propiedad y la progresividad de la tutela jurídica. La jurisprudencia y doctrina citadas evidencian que estas normas atentan contra los derechos del trabajador y la función jurisdiccional, por lo que deben ser declaradas nulas de pleno derecho. La sentencia de primera instancia, que reconoce la indemnización en los términos señalados, se confirma en todos sus términos."