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FIGUEROA REINA VIVIANA C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENO Y OTRO/A S/ ACCIDENTE IN-ITINERE

La sentencia declara la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y de ciertos artículos de leyes relacionadas, y condena a la demandada a pagar una suma de $10.646.339,00 por daños y perjuicios en un accidente laboral ocurrido el 24/11/2022, además de costas y honorarios.

Accidente laboral Indemnizacion Inconstitucionalidad Danos fisicos y psicologicos Ley 24.557 Ley 26.773 Proteccion del trabajador Tutela judicial efectiva Enjuiciamiento de normas Actualizacion por ripte.


- Quién demanda: FIGUEROA REINA VIVIANA, en representación por apoderado.

¿A quién se demanda?

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por daños físicos y psicológicos derivados de accidente laboral y declaración de inconstitucionalidad de normas legales que limitan derechos del trabajador.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar a la demanda, condenando a la demandada a pagar $10.646.339,00 por daños, además de los intereses, y declaró la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y de ciertas leyes, considerando que la normativa vigente produce una afectación desproporcionada del derecho de propiedad y tutela judicial efectiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El tribunal reconoce la existencia del vínculo laboral y del siniestro, acreditada por el reconocimiento de la aseguradora y la cobertura del siniestro. Se basa en los dictámenes periciales que establecen la incapacidad física y psicológica del actor, vinculadas causalmente con el accidente. La suma indemnizatoria se calcula en $10.646.339, actualizada por el índice RIPTE, considerando la vulneración del principio de two e la proporcionalidad entre la suma abonada y la actualizada, que genera una excesiva diferencia económica y viola derechos constitucionales. El tribunal también destaca la constitucionalidad del régimen tarifado y que la impugnación se limita a la diferencia de valor por daño moratorio, justificando la declaración de inconstitucionalidad de las normativas restrictivas. Se establecen además costas y honorarios profesionales.

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