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AREVALOS MBAIBE MAXIMINA C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE

La sentencia de primera instancia declara la constitucionalidad del régimen de indemnización por accidente de trabajo y condena a la demandada al pago de $18.200.237,00 por daños y perjuicios, estableciendo la inconstitucionalidad de ciertos artículos de leyes y decretos relacionados con el sistema indemnizatorio.

Recurso de apelacion Accidente laboral Indemnizacion Inconstitucionalidad Ley 26.773 Sistema tarifado Danos fisicos Actualizacion monetaria In itinere Tutela judicial efectiva.

¿Qué se resolvió en el fallo?

La accionante, Maximina Arévalo MBAIBE, demanda a Federación Patronal Seguros S.A. por un accidente laboral ocurrido el 15/06/2022, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773 y del DNU 669/19, además de la prestación adicional prevista en la ley 26.773. La parte demandada reconoce la existencia del vínculo laboral y del siniestro, y tramitación administrativa previa. La sentencia determina que no existe controversia sobre la existencia del vínculo laboral ni el siniestro, basándose en el reconocimiento de la póliza y la tramitación previa. Se concluye que las secuelas físicas del trabajador tienen un 15,79% de incapacidad, vinculada causalmente al siniestro. Se acoge la pretensión de daños físicos, condenando a la aseguradora a pagar $18.200.237,00, actualizados según el índice RIPTE. Se rechaza la pretensión de daños psicológicos y el reclamo de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773. La sentencia también declara la constitucionalidad del sistema tarifado y la validez del régimen indemnizatorio, considerando que la impugnación constitucional del principio nominalista no afecta el caso. Se resuelven además las cuestiones de fondo relacionadas con la inconstitucionalidad de normativas y la actualización de los montos indemnizatorios, estableciendo que la suma de la condena debe actualizarse conforme al índice RIPTE, resultando en un total de $18.200.237,00 al 4/09/2025. Las costas se imponen a la parte vencida, y se regulan honorarios profesionales y de peritos. La sentencia ordena además el depósito de las prestaciones en cuenta sueldo del trabajador y la comunicación de datos bancarios a las partes.

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