CASTRO ALBERTO FABIÁN C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Alberto Fabian Castro, demanda a la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por daños derivados de un accidente laboral ocurrido el 15/11/2022, reclamando una indemnización por incapacidad laboral permanente parcial. La demandada reconoce prestaciones en especie pero niega la relación laboral y la contingencia, y plantea inconstitucionalidad de normas. La sentencia concluye que existen suficientes elementos que acreditan la relación laboral y la contingencia, y que la incapacidad es de un 14,75%. Se realiza el cálculo de la indemnización conforme a la legislación vigente, resultando en una suma de $4.057.915,06, más intereses. Además, se declara la inconstitucionalidad del DNU 669/19, por lo que no se aplica la tasa de interés modificada por dicho decreto. La sentencia también impone las costas a la parte demandada y regula honorarios profesionales. FUNDAMENTOS PRINCIPALES: El tribunal considera que, en virtud de los hechos acreditados, la relación laboral y la contingencia denunciada están suficientemente respaldadas por la prueba, en particular la respuesta de la demandada y la liquidación de prestaciones. La pericia médica demuestra que el actor padece una lumbalgia post traumática con severas alteraciones clínicas y radiográficas, y que la relación de causalidad con el accidente es clara. La valoración de la incapacidad se ajusta a la normativa vigente, y se determina en un 14,75%. La jurisprudencia cita que "la indemnización por un infortunio del trabajo es la fijada por la legislación vigente en la época en que el trabajador tuvo conocimiento de la incapacidad derivada de la dolencia padecida" (cita: SCBA L-36.936). La declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/19 se basa en que el Poder Ejecutivo usurpa facultades legislativas vedadas por la Constitución, y que las normas atacadas no estaban justificadas ni eran razonables en relación a la necesidad y urgencia del decreto. Se remarca que "los jueces deben, aun de oficio, declarar la inconstitucionalidad de las