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RODRIGUEZ HORACIO DANIEL C/ PROVINCIA ART S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL

La Cámara de Primera Instancia en lo Laboral rechazó la demanda por enfermedad profesional promovida por Horacio Daniel Rodriguez contra Provincia ART S.A., confirmando la decisión de no acreditar la relación causal entre las tareas laborales y la enfermedad psíquica denunciada.

Recurso de apelacion Enfermedad profesional Incapacidad psiquica Riesgos del trabajo Prueba pericial Rechazo de demanda Inconstitucionalidades Danos y perjuicios Normativa laboral Provincia art s.a.

¿Qué se resolvió en el fallo?

La demanda fue interpuesta por Horacio Daniel Rodriguez, quien reclamó indemnización por enfermedad profesional psicológica, específicamente un trastorno de ansiedad generalizado, atribuido a su trabajo en la Contaduría General del Ejército Argentino desde 2013. La parte actora sostuvo que desempeñaba funciones distintas a las que había sido capacitado, con maltrato psicológico del personal administrativo y en consecuencia, solicitó la condena de la aseguradora de riesgos del trabajo a pagar una indemnización. La demandada, Provincia ART S.A., negó la existencia de la enfermedad incapacitante atribuible a las tareas laborales y cuestionó la validez de los informes periciales y la relación causal. La prueba producida no logró acreditar que el actor sufriera una afección incapacitante causada por sus tareas laborales, ni que estas fueran nocivas para su salud. La comisión médica jurisdiccional ratificó el rechazo de la contingencia denunciada. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda, considerando que no se había probado la existencia de una enfermedad incapacitante atribuible al trabajo, y que las pericias no aportaron evidencia concluyente. La Cámara confirmó esta decisión, declarando abstractos los planteos de inconstitucionalidad y señalando que la mera denuncia de una enfermedad no resulta suficiente para configurar un accidente laboral o enfermedad profesional, si no se acredita la relación causal y la incapacidad resultante. La sentencia además dispuso las costas a cargo del actor, en su condición de vencido, y reguló los honorarios profesionales, manteniendo la fundamentación en la normativa vigente y en la valoración de las pruebas.

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