UGARRIZA GABRIEL MARTIN C/ ACOSTA ARMANDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Martín Gabriel Ugarriza, demandó a Armando Acosta y Gustavo Martín Tebes Schmith por daños derivados de un accidente ocurrido el 15 de julio de 2019 en Boulogne, San Isidro, en el que fue embestido mientras conducía su Renault Sandero. La sentencia de primera instancia condenó a los demandados a pagar $4.233.401,18 más intereses, y extendió la responsabilidad a la aseguradora Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada, con costas a cargo de la parte vencida. Los agravios de las partes se centraron en los montos indemnizatorios y en la actualización de los mismos, así como en la valoración de las pruebas y la aplicación del precedente "Barrios". La Cámara analizó los agravios y decidió, en primer lugar, rechazar la deserción del recurso por insuficiencia recursiva, admitiendo los agravio respecto de la cuantía por privación de uso del vehículo, que elevó de $84.000 a $160.000, considerando los costos vigentes y la valoración de la privación del vehículo. En cuanto a las demás partidas, confirmó los montos establecidos en la sentencia de grado. Respecto al planteo de inconstitucionalidad de la normativa de convertibilidad, la Cámara rechazó su aplicación por falta de fundamentación adecuada y por no acreditar la lesión de derechos constitucionales. Finalmente, las costas del recurso fueron dispuestas a cargo de cada parte por su condición de vencida. FUNDAMENTOS PRINCIPALES: El tribunal revisó las partidas indemnizatorias, confirmando los montos por daño físico, daño moral, daño emergente, tratamiento psicológico, daños materiales y privación del uso del vehículo. En particular, se valoró la incapacidad física en un 5% con relación causal, la secuela irreversible, y la valoración del daño moral en $1.000.000, considerando las condiciones personales del actor y la naturaleza del daño. Respecto a la privación del uso del vehículo, se consideró insuficiente la partida original y se incrementó a $160.000, ponderando el costo de medios alternativos y la pérdida de gratificación. La Cámara también rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley de Convertibilidad, argumentando la falta de fundamentación y que no se acreditó daño constitucional directo. La decisión fue fundada en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y en la valoración integral de las pruebas.