RODRIGUEZ MARIA CRISTINA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO

¿Qué se resolvió en el fallo?

- María Cristina Rodríguez demanda a la Municipalidad de General Pueyrredon para que le permita renovar su licencia de conducir sin tener que pagar multas por infracciones en otras jurisdicciones, alegando que la exigencia de pago como condición para continuar el trámite es ilegítima y contraria a sus derechos constitucionales.
- La Municipalidad argumenta que la negativa se basa en la existencia de multas pendientes en otros sistemas jurisdiccionales, y que la normativa vigente, incluyendo el convenio federal, obliga a regularizar dichas infracciones antes de la emisión de la licencia. Además, sostiene que la Municipalidad actúa como mero gestora y no tiene competencia para eximir el pago de multas o modificar requisitos establecidos por normativas nacionales y provinciales.
- El tribunal, tras analizar las normativas y precedentes, concluyó que la exigencia de pago previo de infracciones en otras jurisdicciones como condición para la renovación de la licencia resulta desproporcionada y vulnera derechos constitucionales. Hizo lugar a la demanda y ordenó que se permita a la actora iniciar y concluir el trámite de renovación sin la condición de pagar multas pendientes, manteniendo la facultad de la Municipalidad de verificar otras cuestiones en el proceso.
- Además, se establecieron las costas a la Municipalidad por ser la parte vencida. FUNDAMENTOS PRINCIPALES: "En ambos casos la existencia de una obligación exigible de dar sumas de dinero obstaculizó la prosecución de un trámite administrativo tendiente a posibilitar el ejercicio de la circulación mediante el otorgamiento de la habilitación correspondiente. En ambos casos dicha obligación exigible provino de actos sancionatorios, que aplicaron multa ante la comisión de infracciones de tránsito, cuyo fin policial atiende básicamente a preservar la seguridad vial. Y en ambos casos, dicha obstaculización del trámite administrativo encontró como soporte una norma que preveía la imposibilidad de darle curso favorable hasta tanto no se acreditara la cancelación de dicha obligación." "De ser interpretado de otra manera, la consecuencia que se desprende de una sanción de multa, que básicamente impone la obligación de dar una suma de dinero, virtualmente mutaría a una inhabilitación para conducir, desde que de no pagarse (o regularizarse la misma) el ciudadano se ve en los hechos impedido de acceder a su licencia para conducir vehículos." "Por ello, la normativa que exige el pago previo de multas en infracciones cometidas en otras jurisdicciones, en el contexto del convenio federal,