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IMPUTADO: OJEDA, VICTOR DARIO s/INFRACCION LEY 23.737

La Cámara Federal de Tucumán confirmó la legalidad del procesamiento y la prisión preventiva de Víctor Darío Ojeda por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, rechazando los agravios de la defensa y validando la proporcionalidad del embargo de $500.000. La decisión se fundamentó en la cantidad de droga hallada, las circunstancias del procedimiento y la conducta del imputado, en contexto de sospecha fundada y riesgo procesal. La sentencia destacó que la prueba y las circunstancias valoradas en conjunto permiten sostener la calificación legal y la medida cautelar.

Apelacion Medidas cautelares Embargo Procesamiento Prision preventiva Tenencia de estupefacientes Marihuana Prueba y valoracion probatoria Camara federal tucuman Finalidad de comercio


¿Quién es el actor?

Fiscalía Federal de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Víctor Darío Ojeda.
- Objeto de la demanda: Recurso de apelación contra la resolución que ordenó su procesamiento, prisión preventiva y embargo de bienes.
- Decisión del tribunal: La Cámara confirma la legalidad del procesamiento y la prisión preventiva, rechazando los agravios de la defensa. La sentencia sostiene que la cantidad de droga, las circunstancias del procedimiento, la conducta del imputado y los indicios en conjunto justifican la calificación legal y la medida cautelar. La valoración de la prueba fue considerada adecuada y fundada, y la nulidad alegada fue desestimada por no presentar defectos que afecten la validez del fallo. Además, se consideró proporcional el embargo de $500.000 en relación con la gravedad del delito y los riesgos procesales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La cantidad de droga secuestrada (7,147 kg de marihuana), la conducta del imputado (fuga ante la presencia policial, intento de darse a la fuga), la presencia de objetos característicos de la actividad de comercio (balanzas, envoltorios) y la conducta previa del encartado en causas por delitos graves, permiten presumir la finalidad de comercialización. La declaración de los agentes, la existencia de indicios objetivos y la conducta procesal justificaron la prisión preventiva y el embargo. La defensa no logró demostrar que el imputado estuviera en estado de incapacidad o que la prueba fuera contradictoria o insuficiente. La valoración de la prueba y la fundamentación del fallo fueron consideradas adecuadas y no arbitrarias.

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