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FIOL MARGARITA MARIA C/ PROVINCIA ART SA S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057

La Cámara de Junín confirmó la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y condenó a Provincia ART SA al pago de $2.902.608,02 por prestaciones dinerarias, fundamentando la inaplicabilidad del decreto 669/19 y la doctrina legal Barrios para valorar el crédito indemnizatorio.

Incapacidad laboral Riesgos del trabajo Actualizacion de indemnizaciones Inconstitucionalidad normativa Ley 24.557 Ley 26.773 Ley 23.928 Accion de revision Doctrina legal barrios Camara de apelaciones junin.

¿Qué se resolvió en el fallo?


- La actora, Margarita María Fiol, demanda a Provincia ART SA por la incapacidad permanente derivada de un accidente laboral ocurrido el 15/03/2022, solicitando prestaciones dinerarias de acuerdo a la normativa de riesgos del trabajo y actualización de la indemnización.
- La demandada, Provincia ART SA, se opone argumentando que no existen secuelas incapacitantes y que el accidente no fue laboral, basándose en informes médicos y en la constitucionalidad del decreto 669/19.
- La sentencia de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557, aplicando la doctrina legal "Barrios" y la inconstitucionalidad del DNU 669/19, valorando la incapacidad en 2.54% y condenando a la ART a pagar $2.902.608,02.
- La Cámara, por mayoría, confirma la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557, y hace lugar a la demanda, condenando a Provincia ART SA al pago de la suma mencionada, con intereses y costas.
- El voto disidente sostiene la constitucionalidad del decreto 669/19 y la validez del sistema de actualización vigente, rechazando la inconstitucionalidad planteada.
- La fundamentación principal del voto mayoritario se basa en la doctrina "Barrios", la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y la inaplicabilidad del art. 7 de la ley 23.928, considerando que la normativa vigente en el caso es la que resulta más favorable para el trabajador y que la declaración de inconstitucionalidad es la "ultima ratio".

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