TRIDONE CORDIGLIA MARIA SILVINA C/ ORIFA SRL S/ EJECUCION DE SENTENCIA
El tribunal dictó sentencia en un incidente de ejecución de sentencia promovido por María Silvina Tridone Cordiglia contra Orifa SRL, ordenando el pago de $1.678.685,06 por despido. Se declara la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, para actualizar el crédito con índice CER, argumentando que la norma viola derechos constitucionales y principios económicos y de propiedad.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La actora, María Silvina Tridone Cordiglia, promovió un incidente de ejecución de sentencia contra la demandada, Orifa SRL, debido a que esta no depositó en la cuenta judicial el monto de la condena dictada en autos principales por despido, notificados el 23/12/2022. La sentencia principal condenó a la demandada al pago de una suma determinada, la cual no fue cumplida, por lo que se inició la ejecución. La parte actora además solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, en relación a la prohibición de indexación y actualización de deudas, en virtud del precedente de la SCBA en la causa "Barrios", que fue resuelta por unanimidad y se convirtió en doctrina legal obligatoria. La jueza, tras analizar el caso y los fundamentos constitucionales y doctrinales, consideró procedente la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, y dispuso que la liquidación de la sentencia se actualice conforme al índice CER, aplicando la doctrina de la SCBA. Además, ordenó la realización de una nueva liquidación por las partes, imputando las sumas primero a intereses y luego a capital, y condenó en costas a la demandada vencida. La sentencia también dispuso que la ejecución avance hasta el pago total, actualizando el monto de la condena a $1.678.685,06, y que se ordene la realización de una nueva liquidación conforme al índice CER, con imputación de pagos a intereses y capital. Fundamentos principales: "El núcleo del problema está centrado en la interdicción legal de la actualización, reajuste o indexación de las obligaciones dinerarias expresadas en moneda de curso legal (...) La interpretación judicial vigente preconiza agregar al capital histórico un interés moratorio a la tasa pasiva digital más alta del Banco Provincia. Este mecanismo se completa con la inadmisión de toda alternativa de repotenciación, incluyendo el tramo dinerario de las deudas de valor. En tales condiciones, el ceñido esquema que impone la ley antes citada, en más de un supuesto facilita la licuación del capital adeudado y provee soluciones alejadas de los intereses económicos en presencia". La sentencia destaca que la prohib
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