MUÑOZ MARCELO ROBERTO Y OTROS C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO
La sentencia reconoce el derecho de los actores a percibir un 3% de bonificación por antigüedad sobre todos los años de servicio, en lugar del porcentaje inferior establecido por normas impugnadas, y confirma la constitucionalidad de la retroactividad del pago.
Quién demanda: Marcelo Roberto Muñoz y otros.
¿A quién se demanda?
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones que redujeron o eliminaron la porcentaje de bonificación por antigüedad, y el reconocimiento retroactivo del derecho a percibir un 3%.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda y se ordenó reconocer y abonar la bonificación por antigüedad en un 3% sobre todos los años de servicio, con retroactividad desde la fecha de interposición de la demanda o reclamo administrativo, considerando la inconstitucionalidad de las normas que limitaron dicho porcentaje. Fundamentos principales de la decisión: El tribunal analiza que la normativa vigente, en particular leyes 11.739, 11.905, y decreto 240/96, implicaron una disminución del porcentaje de bonificación por antigüedad, lo cual fue considerado una reducción salarial que vulnera derechos constitucionales e internacionales. Se destaca que las modificaciones legislativas, especialmente la reducción en el porcentaje de 3% a 1%, y su extensión en el tiempo, constituyen un retroceso en derechos adquiridos, vulnerando el principio de progresividad y la protección constitucional de los derechos laborales. La jurisprudencia y doctrina citadas refuerzan que las medidas regresivas en derechos laborales deben justificarse en situaciones excepcionales de emergencia y no pueden ser definitivas si implican un retroceso en derechos ya conquistados. Además, se rechaza la defensa basada en la prescripción, dado que el hecho en cuestión es un hecho continuado y el reclamo fue interpuesto dentro del plazo legal. La sentencia también considera que la reglamentación del decreto 240/96 es ilegítima por violar la igualdad y los derechos de los dependientes del Poder Judicial no magistrados. La condena incluye el pago de las sumas adeudadas con intereses y actualización.
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