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MUÑOZ MARCELO ROBERTO Y OTROS C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La sentencia reconoce el derecho de los actores a percibir un 3% de bonificación por antigüedad sobre todos los años de servicio, en lugar del porcentaje inferior establecido por normas impugnadas, y confirma la constitucionalidad de la retroactividad del pago.

Prescripcion Retroactividad Derecho de propiedad Derechos laborales Reduccion salarial Progresividad de derechos Bonificacion por antiguedad Inconstitucionalidad normativa Control constitucional Justicia laboral.

Quién demanda: Marcelo Roberto Muñoz y otros.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones que redujeron o eliminaron la porcentaje de bonificación por antigüedad, y el reconocimiento retroactivo del derecho a percibir un 3%.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda y se ordenó reconocer y abonar la bonificación por antigüedad en un 3% sobre todos los años de servicio, con retroactividad desde la fecha de interposición de la demanda o reclamo administrativo, considerando la inconstitucionalidad de las normas que limitaron dicho porcentaje. Fundamentos principales de la decisión: El tribunal analiza que la normativa vigente, en particular leyes 11.739, 11.905, y decreto 240/96, implicaron una disminución del porcentaje de bonificación por antigüedad, lo cual fue considerado una reducción salarial que vulnera derechos constitucionales e internacionales. Se destaca que las modificaciones legislativas, especialmente la reducción en el porcentaje de 3% a 1%, y su extensión en el tiempo, constituyen un retroceso en derechos adquiridos, vulnerando el principio de progresividad y la protección constitucional de los derechos laborales. La jurisprudencia y doctrina citadas refuerzan que las medidas regresivas en derechos laborales deben justificarse en situaciones excepcionales de emergencia y no pueden ser definitivas si implican un retroceso en derechos ya conquistados. Además, se rechaza la defensa basada en la prescripción, dado que el hecho en cuestión es un hecho continuado y el reclamo fue interpuesto dentro del plazo legal. La sentencia también considera que la reglamentación del decreto 240/96 es ilegítima por violar la igualdad y los derechos de los dependientes del Poder Judicial no magistrados. La condena incluye el pago de las sumas adeudadas con intereses y actualización.

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