BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CUESTA MIGUEL ANGEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)
La sentencia condena a Miguel Ángel Cuesta a pagar la suma reclamada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por incumplimiento de pago en relación a la tarjeta de crédito, confirmando la relación contractual y la existencia de mora, y establece las costas a cargo del demandado vencido.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La parte actora, Banco de la Provincia de Buenos Aires, demanda a Miguel Ángel Cuesta por la suma de $558.638,45, más intereses, por incumplimiento en el pago de saldos en una tarjeta Mastercard vinculada a la cuenta n° 1283414/7. La documentación acompañada y la declaración de rebeldía del demandado permiten presumir la veracidad de los hechos y la relación jurídica acreditada en el expediente. La sentencia confirma la existencia del contrato de tarjeta de crédito, la mora del demandado desde el 11 de diciembre de 2023 y la aplicabilidad del marco legal de la ley 25.065. Fundamentos principales: "Conforme emana de la documentación acompañada con la demanda, silencio guardado por el demandado ante la citación y emplazamiento por esta vía, cabe tener por suficientemente acreditada la relación jurídica que vinculaba a las partes aquí contendientes, consistente en contrato comercial referido a la integración del usuario al sistema de 'Tarjeta de Crédito', por lo que devienen de aplicación la específica Ley 25.065, sin perjuicio de lo normado por la legislación de fondo." "Asimismo, conforme los extremos supra indicados, también corresponde tener por probado el incumplimiento de pago por parte del demandado... de las sumas oportunamente liquidadas por el banco aquí reclamante." "En cuanto a los intereses, conforme lo previsto en el art. 16 de la ley 25.065, el límite de los compensatorios o financieros aplicados al titular no podrán exceder en más del veinticinco por ciento (25%) a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes." La sentencia hace lugar a la demanda, condenando al demandado a pagar la suma principal y los intereses, y las costas del proceso se imponen al vencido. La resolución se basa en la prueba documental, la declaración de rebeldía y la legislación aplicable, garantizando la protección del derecho del actor y la efectiva recuperación del crédito.
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