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CARVALLO MARCELA ALEJANDRA C/ SWISS MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

La sentencia declara la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y condena a la demandada al pago de indemnización por accidente de trabajo, incluyendo incapacidad y beneficios derivados, además de rechazar los planteos constitucionales de la actora y dictar costas a la parte vencida.

Indemnizacion Pericia medica Incapacidad Accidente laboral Inconstitucionalidad Riesgos del trabajo Proteccion constitucional Dnu 669/19 Ley 24.557 Jurisprudencia.

¿Qué se resolvió en el fallo?

El tribunal analizó la demanda de la actora, quien sufrió un accidente laboral el 10.03.2022. Reconoció que la ART brindó prestaciones médicas y que la lesión derivó en una incapacidad del 10% psicofísica y un trastorno psicológico que incrementa la incapacidad total a un 20%. La pericia médica y psicológica, ratificada en sede judicial, fundamentaron la valoración. La sentencia determinó que la ley 24.557, vigente al momento de la lesión, es aplicable y que la normativa posterior, en particular el DNU 669/19, es inconstitucional por violar la división de poderes y principios constitucionales, por lo que se declara su inconstitucionalidad. La condena implica el pago de $1.631.257 por incapacidad, intereses y costas. Fundamentos principales:
- La ley 24.557, vigente al momento del accidente, regula la reparación y prestaciones por riesgo laboral, y su aplicación no puede ser modificada retroactivamente por leyes posteriores o decretos que violen la división de poderes.
- El DNU 669/19, dictado sin las circunstancias excepcionales que lo habiliten, viola la Constitución Nacional y Provincial, y contraviene principios de progresividad y legalidad, siendo, por ello, inconstitucional.
- La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia avala la constitucionalidad de la ley y la invalidez del DNU en estos supuestos.
- La valoración de incapacidad, basada en pericia médica y factores de ponderación, resulta adecuada y sustentada en normativa y doctrina, y la indemnización se calcula conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales.
- Las costas del proceso se imponen a la demandada, y los honorarios profesionales se regulan en función de la importancia de la labor y los resultados.

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