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PEÑALBA ARIEL HERNAN Y OTROS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La Cámara hace lugar a la demanda de reconocimiento de derechos y ordena el pago de bonificación por antigüedad en un 3% para todos los años laborados, considerando la inconstitucionalidad de las normas que la limitaban, y establece los parámetros para el cálculo y los intereses.

Inconstitucionalidad Derechos humanos Igualdad Derechos adquiridos Derechos laborales Progresividad Normas constitucionales Reduccion salarial Bonificacion por antiguedad Condena a pago.

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Peñalba Ariel Hernán y otros, demanda al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, reclamando el reconocimiento de su derecho a que se liquide la bonificación por antigüedad en un 3% respecto de la totalidad de los años de servicios prestados, alegando que las normas que redujeron dicho porcentaje son inconstitucionales. La defensa sostiene que las modificaciones normativas no violan derechos constitucionales y que las reducciones fueron legales y razonables. La Cámara analiza la constitucionalidad de esas normas y concluye que las mismas implicaron una vulneración del principio de progresividad y de igualdad, dado que las medidas afectaron de manera desigual a los magistrados respecto del resto de los empleados públicos. La sentencia resalta que las reducciones en los porcentajes de bonificación por antigüedad, prolongadas por más de nueve años, constituyen un retroceso en derechos adquiridos, en contravención con la Constitución provincial y los tratados internacionales de derechos humanos. Además, rechaza la defensa basada en la prescripción, considerando que el hecho continuado justifica que la acción no esté prescrita. Finalmente, ordena que se reconozca y pague la diferencia correspondiente en los términos señalados, con intereses. La decisión se fundamenta en que las normas cuestionadas violan la cláusula de igualdad, el principio de progresividad y la protección de derechos adquiridos, y que las modificaciones legislativas y reglamentarias no cumplen con los requisitos para justificar una reducción salarial prolongada y definitiva.

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