INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS DI PAOLO, JUAN CARLOS SOBRE 292 1°PARR - FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO Y PRIVADO

Quién demanda: La Defensora General y la Defensora Adjunta en defensa de B.V.; y el Asesor General Tutelar en asistencia de las niñas I.J.P.B. y B.A.M.B. A quién se demanda: La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. Qué se reclama: La declaración de inconstitucionalidad del pronunciamiento que confirmó la prisión preventiva y rechazó el recurso subsidiario de arresto domiciliario, solicitando su revocación por vulneración de derechos constitucionales, interés superior del niño y debido proceso. Qué se resolvió: La Cámara declaró inadmisibles los recursos por no haber planteado una cuestión constitucional, y consideró que las decisiones judiciales no eran arbitrarias, pero el Tribunal Superior de Justicia, con mayoría, revocó esa decisión en parte, admitiendo los recursos y ordenando remitir las actuaciones para que otros jueces resuelvan conforme a los lineamientos señalados, en particular respecto a la consideración del interés superior del niño y la valoración de las pruebas y riesgos procesales. Fundamentos principales de la decisión: La mayoría resaltó que las decisiones de la Cámara omitieron la valoración del interés superior del niño, en particular la necesidad de escuchar a las niñas y de fundamentar explícitamente por qué el riesgo de privarlas del contacto con su madre por medio de prisión preventiva era justificado. Además, criticaron que no se explicaron los motivos para apartarse de pautas internacionales y nacionales que priorizan medidas menos restrictivas, como el arresto domiciliario, en casos donde se involucre a menores. La omisión de valorar adecuadamente la opinión de las niñas, la falta de fundamentación respecto a la proporcionalidad de la medida y la omisión de escuchar a las menores vulneraron el derecho a un debido proceso y el interés superior del niño. Se destacó que la decisión judicial debe contener una fundamentación clara y diferenciada que explique cómo se ponderaron los derechos en conflicto, especialmente los derechos de las menores, en línea con las recomendaciones internacionales y normas constitucionales.