S., J. E. Y OTROS C /SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS-SUMARIO S/ EJECUCION DE SENTENCIA

- Quién demanda: S., J. E. y otros (actores)

¿A quién se demanda?

Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos (SGPER)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la imposición de costas y la resolución que ordenó el pago del capital y los intereses en el marco de una ejecución de sentencia referida a una deuda contraída por el Estado Provincial, y cuestiona la actuación procesal del Estado y la aplicación de costas por la sustanciación del recurso de revocatoria.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la resolución que rechazó el recurso de apelación del Estado, manteniendo la imposición de costas y la regulación de honorarios, por considerar que la conducta del Estado prolongó innecesariamente la ejecución y que la actora debió acudir a embargos para la protección de sus derechos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Resulta evidente que en ninguna de las numerosas ampliaciones de la ejecución de autos hubo voluntad de pago exteriorizada por la ejecutada, sino que la actora debió recurrir siempre al mecanismo del embargo para poder cobrar sus acreencias, incluso en la incidencia que motivó las costas cuestionadas, traídas a resolver. Debe destacarse que repetidamente en autos la ejecutada consintió las sucesivas trabas de embargos, y en esta última oportunidad inclusive consintió el embargo para el cobro del capital adeudado poco tiempo antes y no comunicó, previo al embargo correspondiente a los intereses adeudados, su intención de pago y el inicio del proceso a fin de efectivizar el mismo, lo que claramente constituye un cambio sustancial en la dinámica procesal." "Surge evidente que en ninguna de las numerosas ampliaciones de la ejecución de autos hubo voluntad de pago exteriorizada por la ejecutada, sino que la actora debió recurrir siempre al mecanismo del embargo para poder cobrar sus acreencias, incluso en la incidencia que motivó las costas cuestionadas, traídas a resolver." "En definitiva, la conducta del Estado, que no efectuó un pago voluntario en los tiempos adecuados y que generó la necesidad de adoptar medidas procesales para el cobro, justificó la imposición de costas a su cargo. Además, la inembargabilidad de fondos públicos no fue acreditada en autos, y la demora en el cumplimiento refleja una vulneración a la tutela judicial efectiva."