CAÑETE, MARIANA SOLEDAD Y OTROS c/ EN - M SEGURIDAD - PFA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG
La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, resolvió rechazar la apelación del Estado Nacional contra la decisión que ordenó el embargo de fondos públicos en un proceso de ejecución de intereses por parte de Mariana Soledad Cañete y otros. La decisión se fundamenta en que, tras el vencimiento del plazo de la ley 11.672, rige la ejecución forzosa de las condenas dinerarias contra el Estado, sin privilegio de inembargabilidad, y que la liquidación aprobada y consentida configura una deuda exigible.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La demandante, Mariana Soledad Cañete, demanda la ejecución de intereses adeudados por el Estado Nacional en un proceso iniciado por liquidaciones aprobadas en 2021, con pagos realizados en agosto de 2023. La demandada interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución que dispuso el embargo de fondos de la Policía Federal por $3.457.765,36 más accesorios y costas, argumentando la improcedencia del embargo en fondos públicos afectados a la ejecución presupuestaria y violaciones al principio de legalidad, división de poderes, debido proceso, defensa en juicio y derecho de propiedad, citando jurisprudencia en apoyo. La Cámara analiza que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema (Fallos: 322:2132, 339:1812, 343:1894), vencido el ejercicio 2023 y transcurrido el plazo de la ley 11.672, ya no rige la inembargabilidad de fondos públicos afectados a la ejecución presupuestaria. Además, la liquidación fue aprobada en mayo de 2021, por lo que la deuda debía incluirse en los ejercicios 2022 o 2023. Con base en ello, concluye que no rige la protección de inembargabilidad y que el acreedor puede continuar la ejecución. La Cámara rechaza la apelación del Estado Nacional, confirmando la decisión de primera instancia y las costas del proceso.
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