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SUAREZ, MARCELO RAMON c/ CURTIEMBRES FONSECA S.A. s/DESPIDO

La Cámara de Apelaciones confirmó la improcedencia de la extinción del contrato por art. 247 LCT y modificó la actualización del crédito laboral, garantizando mayor protección a los derechos del trabajador. La sentencia de grado fue parcialmente revisada en cuanto a interés y actualización del capital.

Indemnizacion Prueba testimonial Inconstitucionalidad Despido Horas extras Actualizacion de creditos Derecho del trabajo Tutela del trabajador Art. 247 lct Capitalizacion.


¿Quién es el actor?

Marcelo Ramón Suarez

¿A quién se demanda?

Curtiembres Fonseca S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por despido y diferencias salariales, horas extras y cumplimiento del art. 80 LCT.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó que la extinción del vínculo por art. 247 LCT no fue probada por la empleadora, dada la inexistencia de una situación objetiva de crisis que justifique la rescisión, y ordenó que el crédito laboral se actualice con interés y en base al IPC, considerando la inconstitucionalidad de normas que limitan la actualización. También se rechazaron las críticas sobre los certificados y horas extras, confirmando la condena en esos aspectos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La actora no ha logrado acreditar en autos que la causal invocada por la empleadora, basada en la crisis económica, afectara de manera imprevista, inevitable e irresistiblemente la continuidad de la relación laboral, ni que la situación no le fuera imputable. La jurisprudencia mayoritaria requiere que el empleador invoque y demuestre una situación objetiva de falta de trabajo ajena a su riesgo propio, y en este caso, la prueba producida no aporta datos de entidad suficiente para justificar la extinción por art. 247 LCT. Además, la demandada no abonó las indemnizaciones y no acreditó el pago de las mismas." "Respecto a la actualización del capital, las normas sobre nominalismo monetario (arts. 7° ley 23.928 y 4° ley 25.561) devienen inconstitucionales por afectar derechos constitucionales y derechos sociales, por lo que se aplicaron actualizaciones mediante IPC y tasas que protejan el crédito laboral, en línea con los precedentes de la CSJN."

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