GANDUGLIA CRISTINA SILVIA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

- Quién demanda: Cristina Silvia Ganduglia, agente del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, con más de 30 años de antigüedad.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento de la derecho a percibir la bonificación por antigüedad al 3% en todos los años computables, incluyendo 1996, y pago de diferencias con intereses.

¿Qué se resolvió?

Se declaró la inconstitucionalidad de varias leyes y decretos que suspendieron o redujeron dicha bonificación en años 1996 a 2005, ordenando su reconocimiento retroactivo desde 2014, con intereses. La sentencia fundamentó que dichas normas vulneraron principios constitucionales de igualdad, propiedad y progresividad, y que su extensión temporal sin causa de emergencia fue arbitraria e inconstitucional.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El marco normativo que regula la bonificación por antigüedad fue suspendido o reducido sin que exista una situación de emergencia que justifique tal medida, lo cual viola los principios de constitucionalidad y los tratados internacionales de derechos humanos. La reducción por años no motivada en una emergencia transitoria constituye un retroceso en derechos laborales y vulnera la igualdad y la propiedad, en contradicción con la Constitución Nacional y Provincial. La normativa impugnada no fue dictada en el contexto de una emergencia efectiva y prolongada, sino como una medida irrazonable y generalizada que afecta la progresividad de los derechos laborales." Además, se analizó la diferencia entre los niveles de agentes y magistrados, concluyendo que la excepción del decreto 240/96, que excluyó a magistrados, violó principios de igualdad, por lo que esa norma fue declarada inconstitucional. La sentencia también rechazó los argumentos de prescripción y de legalidad de las reducciones, considerando que la acción era oportuna y que las normas impugnadas afectaron derechos constitucionales. Finalmente, ordenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar las diferencias, intereses y costas, con un plazo de 60 días para el cumplimiento.