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GIOIA NORBERTO JAVIER C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La sentencia reconoce el derecho del actor a percibir la bonificación por antigüedad al 3% por todos los años de servicio computables, declarando la inconstitucionalidad de las reducciones por leyes y decretos que las limitaron, y ordenando su pago retroactivo desde 2014.

Recurso de apelacion Prescripcion Inconstitucionalidad Propiedad Derecho laboral Igualdad Empleo publico Progresividad Reduccion salarial Bonificacion por antiguedad

¿Qué se resolvió en el fallo?

La causa versa sobre la pretensión de Norberto Javier Gioia, agente del Poder Judicial, de que se restablezca y reconozca su derecho a percibir la bonificación por antigüedad en un 3% para todos los años laborados, tras haberse reducido por diversas leyes y decretos en el período 1997-2005. El tribunal consideró que las normativas impugnadas violan principios constitucionales de propiedad, igualdad, progresividad y no regresividad, al afectar derechos adquiridos y extender de manera inconstitucional las reducciones salariales sin justificación de emergencia o carácter transitorio. Se destacó que las leyes y decretos dictados fuera del contexto de una situación excepcional no cumplen con los requisitos para limitar derechos laborales y, por ello, son inconstitucionales. La sentencia dispuso que se reconozca el derecho del actor a la percepción retroactiva del 3% por antigüedad desde 2014, con intereses, y condenó a la demandada a pagar las diferencias. La fundamentación señala que las reducciones salariales sin causa constitucional violan la protección del derecho de propiedad y los principios de igualdad y progresividad, además de que las normas vigentes no justifican su vigencia más allá del período de emergencia declarado. También se rechazó la excepción de prescripción, considerando que la acción no había prescripto, y se hizo lugar a la demanda en todos sus términos, con costas. La sentencia fue apelada por la demandada, la Fiscalía de Estado, que argumentó la prescripción y la legalidad de las reducciones, pero el tribunal confirmó la inconstitucionalidad de las leyes y decretos cuestionados, ordenando el pago de las diferencias salariales.

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