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Legajo Nº 6 - IMPUTADO: CARVAJAL, EDUARDO OSCAR s/LEGAJO DE CASACION

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y confirmó la decisión que hizo lugar a la restitución del inmueble en causa por delitos relacionados con la prostitución, argumentando que la sentencia se ajusta a derecho y que no existió arbitrariedad en la resolución.

Arbitrariedad Derecho de defensa Restitucion Recurso de casacion Sentencia firme Bienes Decomiso Procedimiento penal Ley 26.842 Bienes utilizados en delito


- Quién demanda: Fiscalía de Investigaciones Administrativas (PIA) y auxiliar fiscal Ignacio Chiappe.

¿A quién se demanda?

Eduardo Oscar Carvajal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La declaración de nulidad de la decisión que ordenó la restitución del inmueble en el marco de un procedimiento de decomiso.

¿Qué se resolvió?

La Cámara rechazó el recurso de casación y confirmó la decisión que ordenó la restitución del inmueble, señalando que la misma fue dictada en línea con la normativa vigente, sin arbitrariedad ni vulneración del derecho de defensa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia recurrida fue considerada ajustada a derecho y fundada en la normativa aplicable, especialmente en el artículo 23 del Código Penal y la Ley 26.842. La decisión del tribunal de la instancia anterior no incurrió en ultra petita ni vulneró el debido proceso, ya que el decomiso no fue solicitado por la Fiscalía ni incluido en el acuerdo de juicio abreviado, sino que fue una decisión propia del tribunal, fundada en que el inmueble fue utilizado para cometer el delito. La jurisprudencia citada respalda que el decomiso debe ser parte de la sentencia de condena y no puede ser impuesto de manera posterior sin una adecuada fundamentación y sin que exista un acuerdo previo. La resolución no adolece de arbitrariedad, ya que se basó en un análisis fundamentado de las constancias y en la normativa vigente, sin que exista un apartamiento palmario del orden jurídico. La decisión se ajustó a los principios del debido proceso y a la finalidad del decomiso como medida accesoria a la pena, sin que se haya vulnerado el derecho de defensa del imputado.

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