Incidente Nº 2 - IMPUTADO: PALMERO, CARLOS FABIAN s/INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL
La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión de no otorgar la libertad condicional a Carlos Fabián Palmero y ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento. La sentencia fundamenta que la denegatoria fue arbitraria y vulnera derechos constitucionales, en particular el principio de igualdad y la finalidad resocializadora de las penas.
¿Quién es el actor?
Carlos Fabián Palmero
¿A quién se demanda?
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La declaración de arbitrariedad en la negativa a la libertad condicional y el pedido de su otorgamiento
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación, anulando la resolución que denegó la beneficio y remitiendo las actuaciones para un nuevo pronunciamiento
¿Cuáles son los fundamentos principales?
El tribunal consideró que la denegatoria automática basada en el tipo de delito, sin analizar el comportamiento del condenado en la ejecución de la pena, viola principios constitucionales y tratados internacionales. La sentencia señala que "el rechazo de la libertad condicional resulta arbitrario, en tanto impide que el juez natural examine el caso concreto sometido a su consideración, esto es, verificar si el condenado ha cumplido con los dos tercios de la pena, si ha mantenido buena conducta y, en definitiva, si el proceso de ejecución se ha desarrollado conforme al fin resocializador que inspira el sistema penal." Además, la jurisprudencia recuerda que "la función de la jurisdicción es preservar la vigencia de la Constitución, el Derecho y las leyes," y que "las expresiones generales en decisiones judiciales deben tomarse en conexión con el caso en el cual se usan." La Cámara concluye que la norma 24.660, art. 56 bis, que prohíbe acceder a la libertad condicional en función del delito, vulnera principios de igualdad y progresividad, y que la decisión de negar la libertad sin analizar el comportamiento del condenado resulta arbitraria y contraria a garantías constitucionales.
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