GIMENEZ CHENA CARLOS C/ OMINT ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057

¿Qué se resolvió en el fallo?

La demanda fue presentada por Carlos Gimenez Chena contra Omint por enfermedad profesional relacionada con su trabajo en Textil Amesud S.A. La sentencia concluyó que el actor sufrió secuelas causadas por exposición a agentes nocivos en su lugar de trabajo, determinando un porcentaje de incapacidad del 26,11%. La prueba testimonial, pericial médica y psicológica, y los informes administrativos, sustentaron el nexo causal y la gravedad del daño. La autoridad judicial valoró la rebeldía de la demandada y aplicó criterios jurisprudenciales y normativos, incluyendo el Baremo Decreto 659/96 y la Ley 24.557, para calcular la indemnización, que fue fijada en $6.322.530,78. Se consideró que la contingencia fue concausal, involucrando exposición laboral y factores personales, y que la responsabilidad de la aseguradora está respaldada por la normativa vigente en la materia. La sentencia también dispuso el pago en un plazo de diez días, costas a cargo de la demandada, y la actualización de los importes según los índices oficiales. Fundamentos principales: El tribunal valoró las declaraciones de los testigos que corroboraron la exposición a ambientes nocivos y las tareas desempeñadas por el actor, concluyendo que el trabajo fue un factor concausal en las secuelas incapacitantes. La pericia médica y psicológica, si bien reconocieron la existencia de incapacidad, la atribuyeron en un 50% a causas laborales, justificando así la responsabilidad de la aseguradora. La normativa de la Ley 24.557 y sus modificaciones, en particular el uso del Baremo Decreto 659/96, fue considerada la vía adecuada para la cuantificación de la incapacidad y la indemnización. La inconstitucionalidad del Decreto 669/2019 fue desestimada en favor de la normativa vigente. La responsabilidad de la aseguradora quedó acreditada por la existencia de relación laboral, aseguramiento y reconocimiento administrativo del siniestro como enfermedad profesional. La condena incluye la suma de $6.322.530,78, actualizada a la fecha del fallo, y las costas del proceso.