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MAURO GREGORIO ANIBAL C/ TRANSPORTE TRANS SUR SRL Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR

Sentencia que declara la procedencia de la acción laboral por certificaciones y indemnización por incumplimiento en la entrega de certificados de trabajo y remuneraciones, condenando solidariamente a las empresas demandadas a entregar certificados correctos y abonar $155.353 por indemnización, con actualización y costas.

Intereses Costas Actualizacion monetaria Honorarios profesionales Responsabilidad solidaria Relacion laboral Transferencia de empresa Certificados de trabajo Indemnizacion art. 80 lct Inconstitucionalidad ley 23.928

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor Gregorio Aníbal Mauro demanda a Transportes Trans Sur SRL y Trans Sur Gold SRL, reclamando la entrega de certificados de trabajo y remuneraciones y una indemnización de $155.353 por incumplimiento del art. 80 de la LCT. La relación laboral fue acreditada con documentación y prueba informativa, estableciendo que el actor trabajó en ambas firmas desde 1998 en la categoría de chofer de primera, con una remuneración de $51.784,48. La relación se mantuvo en forma continua, incluso tras la transferencia de firma, por lo que las empresas son responsables solidarias. La prueba documental entregada no reflejaba la realidad de la vinculación, por lo cual se concluyó que no se cumplió con la obligación de entregar certificados correctos, y se declaró la improcedencia de la indemnización prevista en el art. 80, dado que las certificaciones entregadas no cumplían con los requisitos y no reflejaban la realidad. La transferencia del contrato y la continuidad de la actividad justifican la responsabilidad solidaria de ambas empresas, en línea con la normativa laboral y doctrina jurisprudencial. El monto se fija en $155.353, con intereses y actualización según tasas y índices oficiales, y se condena a las empresas a abonarlo en diez días mediante depósito judicial. Se imponen costas a las demandadas y se regulan honorarios profesionales en función del monto de condena. La sentencia además declara la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, por su afectar principios constitucionales y derechos del trabajador, modificando la tasa de interés aplicable.

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