MARQUEZ SANDRA MARCELA C/ PROVINCIA ART S.A S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Sandra Mariela Márquez, demanda a Provincia ART S.A. por enfermedad profesional tras contraer COVID-19 en el contexto de sus tareas en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, donde desempeñaba tareas de limpieza y desinfección. La relación laboral comenzó en 2012 y las tareas implicaban contacto con pacientes y personal sanitario, especialmente durante la pandemia. La Comisión Médica N° 381 de Morón dictaminó la incapacidad laboral total y definitiva del 100%, reconociendo el carácter profesional de la enfermedad. La demandada admite el diagnóstico y la afiliación, y asiste a la trabajadora hasta su alta en mayo de 2022. El tribunal determina que la enfermedad fue laboral, conforme a la ley 24.557 y la ley 26.773, y que la suma a abonar asciende a 19.805.351,87 pesos, suma que incluye la indemnización y las prestaciones adicionales. Se rechazan los planteos de inconstitucionalidad de los decretos 669/19, 70/2023 y 883/02, por no cumplir con los requisitos constitucionales y de emergencia. Se establece que el cálculo de la indemnización se realiza en valores históricos, sin actualización monetaria o repotenciación, y que las costas serán a cargo de la demandada. Fundamentos principales: "Se concluye que la enfermedad de la actora fue causada en ocasión de su trabajo en el hospital, en contexto de pandemia, y que la Comisión Médica ha reconocido la incapacidad total y definitiva. La jurisprudencia y la ley en la materia permiten declarar la procedencia de la demanda y condenar a la aseguradora a abonar la suma establecida, en atención a la relación laboral y la evidencia aportada." Asimismo, se rechazan los planteos de inconstitucionalidad del DNU 669/19 y los decretos 70/2023 y 883/02, argumentando que no cumplen con los requisitos constitucionales de necesidad, urgencia, y respeto a los principios de progresividad y protección del trabajo. En particular, se destaca que la modificación de la ley de riesgos del trabajo mediante estos decretos viola la división de poderes y el principio de irretroactividad.