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MASSOLA FACUNDO ARIEL C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS

La sentencia declara la inconstitucionalidad de la Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular por violar principios constitucionales y normativos, eximiendo al actor del pago del tributo. La Cámara afirmó que la norma impugnada violaba el principio de legalidad, la definición del hecho imponible y la proporcionalidad del tributo. La sentencia consideró que el servicio de registro corresponde a la DNRPA, y que la norma municipal no define claramente el servicio de control motovehicular, afectando la seguridad jurídica y la razonabilidad del tributo. La decisión fue fundamentada en la falta de precisión en la norma, la competencia del Estado Nacional en registrar vehículos y la irrazonabilidad del tributo, confirmando la declaración de inconstitucionalidad del art. 227 de la Ordenanza 24.958.

Seguridad juridica Doble imposicion Declaracion de certeza Principio de legalidad tributaria Accion contencioso administrativa Inconstitucionalidad normativa Tasa municipal motovehicular Registro nacional de vehiculos Razonabilidad de tributo Competencia estatal en registro vehicular

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Facundo Ariel Massola, demanda a la Municipalidad de General Pueyrredón solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular prevista en la art. 227 de la Ordenanza 24.958. Argumenta que el municipio no presta el servicio de registro de motovehiculos, ya que esa función corresponde a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor; además, que la norma no define claramente el servicio de control, violando principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y razonabilidad. La Municipalidad contestó la demanda señalando que la pretensión es improcedente y que la norma es válida, argumentando que la tasa se relaciona con servicios organizados y que la norma no viola principios constitucionales, además de cuestionar la vía procesal elegida. La sentencia de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de la norma y eximió al actor del pago del tributo, con costas a la demandada.

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