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FOGEL LETICIA NANCY Y OTROS C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION

La demanda busca declarar la inconstitucionalidad de leyes que redujeron la bonificación por antigüedad y reclamar el pago retroactivo conforme a la antigüedad anterior. El tribunal rechazó la inconstitucionalidad y confirmó la legalidad de las normas, considerando que los cambios en la remuneración son potestades del Estado y no vulneran derechos adquiridos.

Inconstitucionalidad Derechos adquiridos Modificacion salarial Accion contencioso administrativa Bonificacion antiguedad Derecho laboral publico Progresividad salarial Constitucionalidad normas laborales Poder estatal Normas de empleo municipal

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Leticia Nancy Fogel, junto con otros actores, demandaron a la Municipalidad de Carmen de Patagones y al IPS por la reducción de la bonificación por antigüedad, solicitando su declaración de inconstitucionalidad y el pago retroactivo. Los demandados contestaron alegando que los cambios normativos son legales, que no existe vulneración de derechos adquiridos ni inconstitucionalidad, y que las modificaciones en el salario son prerrogativas del Estado. La demandante argumentó que la reducción implicó una pérdida patrimonial y vulneró derechos constitucionales, especialmente los arts. 11, 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y arts. 14 bis, 16, 17, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en relación con el principio de progresividad y la irretroactividad de las normas más favorables. La defensa sostuvo que las modificaciones fueron legales, que no existió confiscación ni irrazonabilidad, y que las normas aplicadas regulan la relación laboral en un marco de potestad estatal. La sentencia sostuvo que las normas no vulneran derechos constitucionales, que la modificación salarial no implica confiscación ni irrazonabilidad, y que las relaciones laborales públicas están sujetas a la potestad del Estado de modificar condiciones en ejercicio de sus prerrogativas. Además, se rechazó la pretensión de inconstitucionalidad, y se confirmó la legalidad de las normas impugnadas, con costas a las partes.

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