CHAVEZ CARLOS ANDRES C/ ANTELO GABRIEL OMAR S/ DESPIDO
La sentencia condenó a Gabriel Antelo por despido incausado, indemnizaciones, diferencias salariales y multas, y declaró la inconstitucionalidad de artículos de la ley 23.928. La Cámara confirmó la decisión y sus fundamentos principales, incluyendo la inconstitucionalidad sobrevenida y la actualización del capital de condena.
¿Qué se resolvió en el fallo?
El actor, Carlos Andrés Chávez, demanda a Gabriel Omar Antelo por despido incausado, reclamando indemnizaciones, diferencias salariales, sanciones y multas, por incumplimientos en registración y pagos. La sentencia de primera instancia, basada en pruebas y en la rebeldía del demandado, establece que el despido fue injurioso, y condena a la parte demandada a pagar $40.146.170, además de intereses y costas. La fundamentación se apoya en que la conducta del empleador fue injuriosa, y en el incumplimiento de pagos y registraciones, con la consecuente procedencia de las indemnizaciones legales y sanciones. La declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 se fundamenta en que estos artículos desprotegen el valor real de los créditos laborales, en contraposición a la protección constitucional y la jurisprudencia del Supremo Tribunal provincial. Los jueces destacan que la actualización del capital debe hacerse mediante el índice RIPTE, y que la normativa cuestionada vulnera derechos constitucionales, por lo que la declaran inconstitucional sobrevenida. La sentencia también establece que corresponden intereses del 3% anual desde el despido y, posteriormente, intereses moratorios según la tasa pasiva más alta del Banco Provincia, con las costas a cargo del demandado. La sentencia deja firme la condena y las multas, y ordena el depósito del monto en la cuenta judicial.
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