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VIDELA RAMONA ESTER C/ VILLAGRA GUSTAVO ADOLFO Y OTRO/A S/ DESPIDO 0

La sentencia de primera instancia declara la procedencia de la demanda por despido y condena al demandado a pagar una suma de aproximadamente 2.153.879,25 pesos, además de declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y establecer la forma de actualización del monto adeudado, con intereses del 6% anual.

Intereses Actualizacion monetaria Inconstitucionalidad Relacion laboral Despido indirecto Ley 26.844 Rebeld

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Ramona Ester Videla, demanda al Sr. Gustavo Adolfo Villagra por la ruptura injustificada del contrato de trabajo de acuerdo con la ley 26.844, reclamando rubros salariales e indemnizatorios y la regularización de su situación laboral. La parte demandada no comparece ni evacua el traslado, incurriendo en rebeldía y confesión ficta, lo que favorece la acreditación de los hechos expuestos por la actora. El tribunal concluye que existió un vínculo laboral desde 2002, aunque no registrado correctamente, y que la relación fue disuelta por despido indirecto en enero de 2021. Se condena al demandado al pago de la suma de 2.153.879,25 pesos, actualizada con un interés del 6% anual, y se declara la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, por vulnerar principios constitucionales relacionados con la protección del crédito y la inflación. La sentencia además impone costas a cargo del demandado y regula honorarios profesionales. Fundamentos principales: El tribunal señala que "la relación laboral habida entre partes no se hallaba registrada en forma regular" y que "el contrato de trabajo, cual no se hallaba regular y debidamente registrado, se disolvió guardando la forma de un despido indirecto." Además, destaca que "el silencio guardado por el demandado frente al emplazamiento efectuado por la actora implica que la relación laboral se mantuvo en condiciones irregulares y que la negativa a regularizar la situación registral constituye una injuria de tal entidad como para imposibilitar la prosecución del vínculo." La declaración de rebeldía y confesión ficta del demandado fortalecen la presunción de veracidad de los hechos alegados. En cuanto a la actualización del monto, el tribunal considera que "la ley 23.928, de Convertibilidad del Austral, a través de su art. 7, modificada por la ley 25.561, resulta inconstitucional por vulnerar principios constitucionales como la protección del crédito y la inflación" y que "el interés del 6% anual debe aplicarse sobre el capital actualizado mediante el índice RIPTE." El fallo también rechaza la pretensión de indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 por falta de causalidad jurídica.

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